Para el Gobierno de México existe un compromiso por contar con un sistema penitenciario nacional, donde se respeten los derechos humanos, haya un servicio digno para los internos, se impulse la reinserción, se eviten malas prácticas y se actúe con justicia.

Así lo expuso la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante el inicio de los trabajos de la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada en Pátzcuaro, Michoacán.

Al evento asistieron el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, y el presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruíz.

Así como la titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Hilda Téllez; la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Clara Luz Flores; la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís, y los responsables de los sistemas penitenciarios del país.

Al iniciar su participación, la funcionaria solicitó guardar un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento, en un accidente aéreo, de los compañeros de Aguascalientes y especialmente del secretario de Seguridad, Porfirio Sánchez Mendoza.

La coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional aseguró que hay nuevos tiempos de transformación, donde la forma de abordar el tema de seguridad a nivel nacional ha cambiado, ya que no se ha venido a ganar una guerra, sino a construir juntos la paz y la tranquilidad que demanda la sociedad mexicana.

“Nuestra guía es la Estrategia Nacional de Seguridad, un instrumento que entre sus objetivos considera la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, conscientes de que el descuido y desatención los llevó a ser escuelas de criminales y sus centros de operación”, señaló.

En la recuperación de estos espacios se requiere actuar con cero corrupción y cero impunidad, pero también con un esfuerzo coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales, indicó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Agregó que nadie, de forma individual, puede avanzar en la mejora de los centros penitenciarios, en mantener una adecuada administración y la gobernabilidad necesaria, ya que este trabajo necesita una conjunción de acciones y determinación para evitar prácticas indebidas.

Al asumir cada estado su responsabilidad en la materia, apuntó, se logrará una reinserción social efectiva de las personas privadas de su libertad y evitar reincidencias, esto amerita esfuerzo y mucha honestidad, compromiso, transparencia y que no haya complicidades o vínculos con los criminales.

La raya, en la actuación de la autoridad, debe estar bien delimitada. Esta es también una forma de abonar a la construcción de la paz en el país y atender las demandas de la sociedad, detalló.

“Queremos centros penitenciarios ordenados, con disciplina, en condiciones adecuadas para la población recluida, donde se respeten los derechos humanos, pero también donde no haya corrupción”, acotó.

Reconoció que se han tenido avances en algunos temas, como el traslado de las personas privadas de la libertad de centros estatales a federales. En este año, por ejemplo, se han efectuado 3 mil 819, lo que permite mantener la gobernabilidad y el orden dentro de los sistemas penitenciarios estatales.

Destacó que a la fecha cerca de 3 mil personas han sido beneficiadas con la preliberación: mujeres, adultas mayores, con enfermedades crónico degenerativas, indígenas, extranjeras o que cumplieron con los requisitos de ley.

Además de la capacitación a 639 trabajadores de los sistemas penitenciarios de 31 estados en materia de derechos humanos y población LGBTTTIQA+, la cual fue certificada por la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP).

También se pondrá a consideración de la conferencia el Protocolo Nacional de Atención en Centros Penitenciarios a Población LGBTTTIQA+, para acabar con la discriminación y los obstáculos que impiden proteger los derechos de esa población, así como eliminar el entorno de exclusión que deriva en violencia y maltrato.

“Avancemos en la transformación que requiere el sistema penitenciario y en la pacificación que la población demanda”, concluyó la secretaria Rodríguez.

Boletín No. 216