SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: En lo relativo a preliberaciones, voy diciendo mientras.
En atención a su instrucción, señor presidente, me permito informarle que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, un traductor, o han enfrentado dificultades.
Seguimos trabajando en coordinación con los jueces para agilizar los trámites y se revisan los expedientes para determinar quiénes cumplen con los requisitos de ley.
De esta manera, del 27 de octubre al 21 de noviembre, se han otorgado 289 libertades: 264 fueron preliberaciones a mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas, un extranjero y aquellos que cumplieron con los requisitos de ley.
Así, para este tramo, tuvimos 25 amnistías a mujeres, personas con discapacidad permanente y en pobreza. Aquí vienen los números, en la gráfica.
Esto quiere decir que, de julio a la fecha, sumamos ya 3 mil 648 libertades y también las amnistías, aquí están a la fecha, por su instrucción señor presidente, 190 amnistiados.
Para dar amnistías se requiere, sobre todo, que las personas tengan sentencias y es a lo que se refiere el señor presidente.
En varios de los casos, de los digamos así mediáticos, relevantes, a los que ustedes se han referido, en algunos casos, hoy lo explicábamos, no tienen una sentencia.
Vamos a referirnos brevemente, por ejemplo, al caso de Brenda Quevedo Cruz, aquí se los explicó sin más nada.
Ella tiene 13 años en prisión preventiva en México y casi dos años en Estados Unidos; tiene la causa penal del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y fue detenida en 2006, en Estados Unidos, y desde 2009 se encuentra privada de su libertad en el Centro de Prevención y Readaptación Social, Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante este proceso penal, Quevedo Cruz ha interpuesto 36 recursos para la admisión de pruebas. En tanto que la parte acusadora ha interpuesto 37 recursos y el agente del Ministerio Público de la Federación 30 en contra de la contra de la admisión de pruebas de la defensa.
Desde el 26 de septiembre del 2019, la defensa solicitó el cambio de medida cautelar para Quevedo, mismo que fue rechazado en primera y segunda instancia y hace cuatro meses que se inició otra vez la demanda de amparo pero, hasta la fecha, no se ha obtenido una resolución al respecto.
El 25 de agosto de 2020, la Organización, a lo que usted se refiere, de las Naciones Unidas, a través de un grupo de trabajo sobre detención arbitraria, adoptó la opinión 45/2020 relativa al caso en el que recomienda la liberación de Brenda Quevedo Cruz, sin embargo, la recomendación no es vinculante al proceso penal.
En el caso de Israel Vallarta, estamos esperando, no me voy a extender tanto, la sentencia, sea declarándolo responsable o de manera absolutoria, pero necesitamos esa sentencia para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir.
Nosotros estamos con confianza de que este año pudiéramos tener resultados y que pudiéramos nosotros estar interviniendo ya. Pero este es un caso que seguimos semana por semana y nos hemos apegado mucho y hemos estado viendo a la familia de Israel Vallarta.
En el caso de Aguas Blancas, Guerrero, con el cambio de las autoridades allá en el estado, estamos trabajando con el Tribunal Superior de Justicia, con el Poder Judicial estatal, para que pudiéramos, ya que nos admitan la acreditación de que las personas de este caso tan sonado de Aguas Blancas en Guerrero, pueda ser acreditado, que ellos nos acrediten ya, que nos reciban las pruebas de que tuvo tortura y que ya tienen la aplicación de los Protocolos de Estambul.
En general, nosotros sí tenemos mucha confianza en que este caso ya pueda ser resuelto a la brevedad.
No sabemos si todos los responsables acusados puedan tener libertad, pero sí tenemos confianza en que por lo menos dos puedan tener ya esta libertad que tanto y por tantos años han estado peleando.
Todo esto por instrucción del señor presidente que nos demanda buscar siempre la justicia, sobre todo para aquellas personas que no tienen acceso, digamos, a abogados y a defensores que verdaderamente les importe la libertad de las personas.
