Presenta SSPC avances de casos relevantes 

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe sobre los avances de varios casos relevantes en los que se busca Cero Impunidad, y que le fueron encargados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la que estuvieron el subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, habló sobre la situación del médico tradicional peruano Lauro Hinostroza García.

La funcionaria detalló que se le detuvo en el aeropuerto porque tenía unas botellas de ayahuasca, que en México es una planta de posesión ilegal, pero en Perú se considera parte del patrimonio cultural.

Señaló que el equipo de la SSPC trabaja en coordinación con la familia y el grupo de abogados, en la ruta jurídica en favor del médico tradicional de nacionalidad peruana y con residencia en México.

Manifestó que se tiene un acercamiento con la Fiscalía General de la República y se está concentrando la documentación para solicitar el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria debido a su edad, 69 años, y estado de salud.

Agregó que de acuerdo con la familia fueron violados los derechos de Hinostroza García desde el momento de la detención, al no tener acceso a un traductor, a pesar de informarse que su lengua materna es el quechua. Asimismo, no ha contado con el acompañamiento de la representación consular de este país.

Sobre el caso del periodista y activista independiente Irving García Suárez, la coordinadora del Gabinete de Seguridad explicó que fue detenido el pasado 8 de octubre por policías municipales de Toluca, Estado de México.

 Indicó que continúa su proceso en libertad, toda vez que el Poder Judicial determinó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la colocación de un localizador electrónico “brazalete” y le prohibió acercarse a las víctimas y salir del municipio.

Asimismo, añadió, la SSPC dio acompañamiento a la diligencia efectuada el pasado 23 de enero, en la que Irving García aportó pruebas, a fin de que se realice intervención de comunicación privada y se sustraigan videos para fortalecer su defensa.

La titular de la SSPC también dio a conocer los avances en el caso de Israel Vallarta Cisneros, preso desde hace 17 años sin sentencia por el delito de secuestro y cuya detención fue un montaje televisivo.

Comentó que el 9 de enero pasado el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Apelación admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto, luego de que se le negara el cambio de medida cautelar, pese a haber demostrado exceso de prisión y tortura en su contra.

Además, la defensa de Israel Vallarta tiene como estrategia el desahogo de algunos careos procesales y de ratificación de dictámenes para pasar al cierre de instrucción como antesala de su sentencia.

También dijo que en acuerdo de fecha 13 de enero de 2023, se admitieron nueve medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, que consisten en ampliación de declaraciones y confrontaciones, mismo que ya fue apelado y cuya resolución está en espera para que se puedan tomar decisiones.

Rodríguez recordó que en este asunto las autoridades responsables de su detención estaban a cargo del entonces director de Seguridad Federal de la Policía Federal (PF) en el gobierno de Felipe Calderón, Luis Cárdenas Palomino, preso por el delito de tortura.

Así como, Genaro García Luna, quien está siendo juzgado en la Corte de Distrito Este de Nueva York por conspiración, tráfico de drogas y falsear información.

Finalmente, se refirió al tema de la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos Ortiz, agredida con ácido.

 Lo anterior, después de que el juez Téodulo Pacheco ordenara el cambio de la medida cautelar al acusado para que continúe su proceso en prisión domiciliaria.

Puntualizó que para este trabajo es muy importante la coordinación con las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia para evitar que una persona inocente permanezca en prisión o que un culpable de un delito quede impune.

“La paz y la tranquilidad social son fruto de la justicia, nos dice permanentemente el presidente López Obrador.

“Hoy nos toca escuchar a las víctimas, a sus familias y también hacer las gestiones necesarias para que no haya impunidad, para que haya cero impunidad”, concluyó la titular de la SSPC.

Boletín No. 016

SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Con su permiso, señor presidente.

Buenos días a todas y a todos.

El día de hoy nos toca, aquí, dar seguimiento a algunos asuntos relevantes planteados por algunos de ustedes como integrantes de este grupo de periodistas que acuden a la mañanera y que han presentado muchas dudas al señor presidente, y nosotros estamos el día de hoy para aclarar algunos casos.

Se trata primero de la atención del médico tradicional peruano, él se llama Lauro Hinostroza García. Lauro es un indígena quechua, hablante de su lengua materna.

Él práctica la medicina tradicional peruana desde los 10 años de edad, aquí aparece el certificado que nos proporciona su familia y que es de la República de Perú; y él es doctor en Antropología Médica de la UNAM.

Se trató de que ahora el equipo de la Secretaría de Seguridad se encuentra trabajando en la ruta jurídica en favor del médico tradicional de nacionalidad peruana y con residencia en México.

Este caso se trató, precisamente, de una detención en el aeropuerto porque tenía unas botellas de ayahuasca que en México es una planta ilegal, de posesión ilegal, pero en la República de Perú está considerada como parte del patrimonio cultural de ese lugar, por lo tanto, está digamos, en posesión, en México, de la botella de esta hierba y en Perú es perfectamente legal.

El equipo de la Secretaría se encuentra trabajando, decíamos, en esta ruta jurídica.

Las acciones se están coordinando con la esposa, con la familia del señor Lauro y el grupo de abogados.

¿En qué están? ¿En qué estamos?

En que ya se tiene un acercamiento muy bueno con servidores públicos de la Fiscalía General de la República y se está concentrando actualmente la documentación para solicitar el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria, debido a la edad y al estado de salud de la persona, de este médico tradicional peruano.

La familia nos dice que le fueron violados sus derechos desde el momento de su detención, porque no tuvo un acceso a un traductor a su lengua materna, que es el quechua.

Tampoco ha contado, dice la familia, con el acompañamiento de la representación consular de este país.

Nosotros estamos tratando de, junto con sus abogados, lograr esta medida cautelar por lo que hemos explicado aquí.

Esperamos que tengamos pronto toda la documentación necesaria para que se pueda presentar y también la fiscalía, junto con el juez, puedan hacer este trámite para decirles exactamente en qué hemos estado y hay una buena colaboración con todas las instancias en este caso.

También, recordar y traer a colación el caso del periodista y activista independiente Irving García Suárez. Él fue detenido el pasado 8 de octubre por policías municipales en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

Él está continuando su proceso en libertad, luego de que el Poder Judicial determinó un cambio de medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa que estaba él, precisamente, en un penal de ese estado, y le pudo autorizar la colocación de un localizador electrónico, conocido como brazalete, y no puede salir del municipio de Toluca.

En atención, precisamente, a la instrucción del señor presidente, la Secretaría de Seguridad le dio un acompañamiento a la diligencia efectuada el día 23 de enero.

Ahí, la familia, el abogado y el periodista, él dice que aporta las pruebas a su favor, su teléfono celular para ver que él acudió a la atención de una persona, no a hacer ningún secuestro y también que, al momento de que él estaba transmitiendo, precisamente los hechos que ocurrieron ese día donde lo acusan de secuestrador, no ocurrió realmente.

Incluso que el niño que dicen que secuestró estaba corriendo ahí y no sucedieron estos hechos.

Entonces, nosotros también apostamos a que las pruebas que dice tener en su equipo telefónico se realicen con la revisión del juez, y se puedan fortalecer las pruebas que está aportando la defensa.

Entonces, estamos en eso y continuamos trabajando con él, con su familia y también con una abogada, una señora diputada, que ha estado ayudando también en el proceso.

Traemos aquí también el caso de Israel Vallarta Cisneros. Él se encuentra preso desde hace 17 años, señalado de formar parte de una banda de secuestradores.

Recordar el contexto: Que las autoridades responsables de su detención fueron Luis Cárdenas Palomino, que fue presentado públicamente, entonces era el director de Seguridad Federal de la Policía Federal. Esto durante el gobierno de Felipe Calderón.

El policía está siendo procesado por el delito de tortura, ocurrido precisamente durante el montaje difundido en el noticiero de Carlos Loret, en donde Israel fue detenido y ahí mismo, pues él acusaba la tortura.

También, está involucrado Genaro García Luna, quien está siendo actualmente, como es público, juzgado en la Corte de Distrito Este de Nueva York por conspiración, tráfico de drogas y por falsear información.

¿En qué estamos en estas tres situaciones?

Para informar en qué estamos.

El Instituto Federal de Defensoría Pública informó que el 9 de enero de 2023, el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Apelación admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto, luego de que se le negara el cambio de medida cautelar, a pesar de haber demostrado dos cosas inicialmente:

El exceso de prisión, porque tiene 17 años y no tiene sentencia, y también la tortura que se ha comprobado con el procedimiento, el Protocolo de Estambul.

La defensa de Israel tiene como estrategia el desahogo de algunos careos procesales y ratificación de dictámenes para, posteriormente, pasar al cierre de la instrucción como una antesala de la sentencia.

Esto es lo que va por parte de la defensa.

Pero, por otra parte, de acuerdo al acuerdo del 13 de enero, se admitieron nueve medios de prueba ofrecidos por la fiscalía que consisten en ampliación de declaraciones, en confrontaciones, mismo que ya fue apelado y se está en espera de la resolución, o sea continúa el litigio, pero se está en espera ya de una sentencia para que se pueda tomar decisiones después de la sentencia.

Finalmente, el caso de la saxofonista.

Solamente para poner el contexto: El 9 de septiembre de 2019 la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos fue víctima de un intento de feminicidio al ser rociada con ácido en la cara y su cuerpo, al abrir la puerta de su domicilio.

Rubicel fue identificado como el autor material y al ser detenido señaló como autor intelectual a Juan Antonio “N”, quien desde abril de 2020 está preso, y él está preso por ese delito de tentativa de feminicidio.

Hay dos acusados más presos y también hay otro autor intelectual prófugo de la justicia.

¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el contexto actual?

El sábado 21 de enero, el Juez de Control Teódulo Pacheco Pacheco, ordenó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria en favor de Juan Antonio “N”.

Él está preso en Oaxaca, y él decretó “ya no vas a estar en la prisión, te van a hacer prisión domiciliaria”.

La saxofonista, la víctima, la saxofonista mixteca María Elena Ríos denunció públicamente el nivel de vulnerabilidad al que quedaba sometida con la decisión de este juez.

El Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Salomón Jara, Salomón Jara Cruz, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, realizó un análisis de riesgo de lo que podría contraer poner prisión domiciliaria al acusado con las siguientes consideraciones:

Uno, que el domicilio particular de ninguna manera cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen que el procesado no se evada de la acción de la justicia, por lo que ellos están en contra de esta medida.

También, dicen las autoridades del Ejecutivo en Oaxaca, que es inviable que la institución policial brinde seguridad permanente al inculpado, máximo que el juez solicita cuatro elementos en turno que puedan llevar a cabo la vigilancia de esta persona.

Con estos argumentos, el 24 de enero, la Juez de Control del Circuito Judicial, Martha Santiago Sánchez, notificó, ya notificó al director del penal que, al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio “N”, él deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva en el penal varonil de Tanivet en Oaxaca.

Entonces fue denegado al juez la medida de darle prisión domiciliaria, por lo que continuará en prisión esta persona.

Solamente decir que para nosotros, para este trabajo es muy importante la coordinación con las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia; es muy fundamental para evitar que una persona inocente permanezca en prisión o que una persona culpable de un delito quede impune.

La paz y la tranquilidad social son fruto de la justicia, nos dice permanentemente el presidente López Obrador.

Hoy nos toca escuchar a las víctimas, a sus familias y también hacer las gestiones necesarias para que no haya impunidad, para que haya cero impunidad.