Con acuerdos en favor de personas inimputables; trabajo penitenciario y certificación de los titulares de los centros penitenciarios, este martes se celebró la XXVII Asamblea Plenaria Nacional de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en Puerto Nuevo, Baja California.
En el acto estuvieron presentes la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; y el presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruíz Ortega, en representación de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Además de la tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Hilda Téllez Lino; la comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, y titulares de los sistemas penitenciarios del país.
En su intervención durante en la inauguración de los trabajos, Ruíz Ortega hizo llegar a los presentes el saludo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al tiempo de reiterar el compromiso del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para contar con un sistema penitenciario donde se respeten los derechos humanos y se impulse una efectiva reinserción social.
Recordó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública establece como prioridad garantizar la coordinación entre instituciones federales y estatales para cooperar en el objetivo de devolver a la sociedad, la paz y tranquilidad, a través de la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios del país.
Resaltó que entre las acciones efectivas están los 10 mil 201 traslados de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales, que se realizan en apoyo a las entidades federativas para garantizar la gobernabilidad de sus prisiones.
Para lograr la reinserción se fomenta el trabajo; la capacitación para el mismo; la educación; la salud y el deporte.
Por ello, durante la conferencia se destacaron tres tópicos:
1. El análisis de un diagnóstico nacional sobre el tratamiento de personas privadas de su libertad en condición de inimputables.
2. La oportunidad de replicar buenas prácticas del diagnóstico de industria penitenciaria, para implementarlas en los sistemas penitenciarios locales.
La certificación profesional de titulares de los centros penitenciarios como una buena práctica de alta especialización penitenciaria.