SUBSECRETARIO LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: Con su permiso, señor presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
Me permito presentar el informe de Cero Impunidad; en esta ocasión del periodo del 11 al 24 de julio del presente año.
En cuanto al Registro de Personas Detenidas por los delitos del fuero común y federal tenemos 17 mil 084 detenidos, y de ellos presentados ante el Ministerio Público 16 mil 764.
Tenemos dos extradiciones, ambas a Cortes del estado de California: En el caso de Mario “N”, por el delito de homicidio calificado y Arturo “N” por el delito de homicidio.
En cuanto a detenciones: Tenemos esta detención. Son seis personas detenidas por su participación en el abandono de restos humanos correspondientes a dos personas, en vía pública, y colocación de mantas con mensajes intimidatorios, en el Valle de Toluca, el pasado 5 de julio.
Las mantas que se encontraron estaban todas firmadas por el grupo criminal de La Familia Michoacana, por lo que intuimos que son integrantes de dicho grupo criminal.
Tenemos también la detención de Osvaldo “N”, por el delito de feminicidio, cometido en agravio de Cassandra, ella era su pareja sentimental, y además excompañera de trabajo en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Los hechos ocurrieron en diciembre del 2020 en Puerto Vallarta.
El detenido declaró, en un principio, que Cassandra se había suicidado al interior de una camioneta; sin embargo, las investigaciones ministeriales demostraron científicamente que la víctima no pudo haber realizado este hecho por sí misma, por lo cual es presunto responsable.
También tenemos la detención de Francisco “N”, él fue aprendido, ya en reclusión, por la Fiscalía de Puebla, ya que fue identificado como uno de los presuntos autores del asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández.
Este hecho ocurrió en Tehuacán, Puebla, el pasado 23 de mayo; ya fue vinculado a proceso y con la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa.
También tenemos la detención de Hermas “N”. Él fue alcalde en Lerdo de Tejada, Veracruz, y su detención fue por su probable participación en el delito de desaparición forzada en agravio de cuatro personas.
Los hechos ocurrieron en octubre del 2020, cuando elementos de su policía municipal cometieron el delito de desaparición forzada en Santa Teresa, de ese municipio.
Los cinco policías que participaron en ese evento, incluso recibieron una sentencia de 60 años de prisión.
Vinculados a proceso, en esta ocasión, tenemos a Gabriel “N”, a él se le acusa de violación equiparada contra un menor de 9 años de edad, hijo de su pareja sentimental, a quien amenazó con hacer lo mismo a su hermana si comentaba lo ocurrido a su mamá. Estos hechos ocurrieron en Tehuacán, Puebla, en el año 2016.
Vinculados a proceso, también tenemos a estas nueve personas, por el delito de homicidio calificado en agravio de otras nueve personas que fallecieron a consecuencia del incendio provocado en la Central de Abasto de Toluca, el pasado 10 de julio.
Entre los detenidos hay personal que eran miembros del Consejo de Administración de la Central de Abasto; otros se desempeñaban en el Jurídico y en el área de seguridad.
Dos vinculados al proceso: Mario “N” y Juana “N”, ellos están acusados del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, en agravio de 20 niñas, niños y adolescentes, a quienes obligaban a trabajar como vendedores ambulantes en las calles de Playa del Carmen.
La edad de las víctimas es de 1 hasta 17 años de edad.
Tenemos sentencias. Hay una sentencia a 27 personas, todas a 50 años de prisión, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de siete personas, seis de ellas fueron liberadas y una fallecida.
Esto se dio tras un enfrentamiento, de estas personas, con autoridades municipales y estatales, en una finca de la colonia Chapalita, en Guadalajara. Los sentenciados pertenecían a este Cártel (CJNG).
También tenemos la sentencia de 63 años de prisión a Marco Antonio “N”, por el delito de feminicidio cometido en agravio de la activista Gladys Aranza, esto en Estación Ortiz, del municipio de Guaymas, Sonora, el 15 de julio del 2021.
Marco Antonio “N”, de acuerdo a la investigación, llegó con otras personas al domicilio de la víctima, la sacaron por la fuerza y posteriormente Gladys Aranza aparece sin vida en el interior del casino de Estación Ortiz con tres impactos de bala.
Otros participantes en este evento son Juan Jesús “N”, José Guadalupe “N”, quienes fueron asesinados en agosto del 2021.
Gladys Aranza formaba parte de un colectivo, “Guerreras Buscadoras de Guaymas”, y se dedicaba a labores de búsqueda de su esposo, que había desaparecido en el año 2020.
Tenemos también estas sentencias: A 50 años de prisión en contra de Erika “N”, -ella fue fiscal en la SEIDO, en la Procuraduría General de la República-, por los delitos de extorsión y secuestro exprés.
Ella emitió una orden de presentación falsa en contra de una persona de identidad reservada, quien al acudir a la SEIDO fue extorsionada con un millón de pesos a cambio de no ser consignada.
La víctima no había cometido delito alguno, entregó 600 mil pesos, después el restante. Todo esto ocurrió en el 2015.
En cuanto a los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestro y las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro en los Estados, en este periodo tenemos 47 personas detenidas por secuestro, dos bandas desarticuladas y 24 víctimas rescatadas.
Feminicidios resueltos: Tenemos en este periodo 37 detenidos por feminicidio, y 14 sentenciados por este mismo delito.
Desgraciadamente tenemos en este periodo el homicidio de un periodista: Nelson Matus Peña; sucedió el día 15 de julio.
Él fue fundador del portal de noticias digital, “Lo Real de Guerrero”, fue agredido con arma de fuego por dos personas, en un estacionamiento, en una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco, Guerrero.
La Fiscalía del estado inició la carpeta y las investigaciones referentes a este caso.
Por ello, entonces tenemos registrados en este año tres casos de asesinatos de periodistas; uno vinculado a proceso que ya vimos es el presunto homicida del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández y dos prófugos de la justicia, también por el mismo delito, del periodista Ramírez Hernández.
Y los tres periodistas fallecidos en este año por homicidio.
En el caso de jueces que favorecen a delincuentes, en este periodo tenemos a los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, esto en Puebla.
Cambiaron medidas cautelares a dos secuestradores.
Los eventos se realizaron iniciando el 23 de enero del 2018, cuando una mujer fue secuestrada en su negocio en la ciudad de Puebla por los dos imputados: Diego “N” y Juan Carlos “N”.
Tres días después la víctima es rescatada en un motel, y los dos presuntos secuestradores son detenidos; se les formula la imputación y se les impone Prisión Preventiva Oficiosa.
Posteriormente, en febrero, ambos son vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y se les ratifica la medida cautelar.
Pasa casi un año, la Fiscalía de Puebla formula la acusación; sin embargo, los reiterados cambios de defensores y también prórrogas pedidas por la defensa, la audiencia intermedia no ha podido llevarse a cabo.
Sin embargo, casi 5 años después la defensa promueve un amparo para la revisión de las medidas cautelares, mismo que fue otorgado por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal, en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz.
Por ello, el 3 de julio se lleva a cabo la audiencia de revisión de medidas ante el Juez de Control de la Región Judicial del Centro del Poder Judicial de Puebla.
En esa audiencia, el juez Francisco Javier Martínez Castillo, sin considerar que las prórrogas en el juicio se debieron a la defensa de la parte acusada, ni el peligro que supone la liberación de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad, resolvió con libertad de jurisdicción cesar la prisión preventiva a los presuntos secuestradores e imponer nuevas medidas como la presentación periódica mensual.
Este es un caso en el que, de manera atípica, se otorga una medida cautelar distinta a prisión preventiva a dos presuntos secuestradores, cuando la pena por este delito va de los 40 a los 100 años de prisión, esto, en el estado de Puebla.
Sería cuanto, señor presidente.
Me permito ceder la palabra al comandante de la Guardia Nacional.
