Detenidos más de 16 mil personas con política Cero Impunidad

Detenidos más de 16 mil personas con política Cero Impunidad

Con la política Cero Impunidad se informó de la detención de 16 mil 588 personas por delitos del fuero federal y fuero común, de las cuales 16 mil 279 se presentaron ante el Ministerio Público, en el periodo del 25 de julio al 7 de agosto.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, destacó el caso del fiscal general del estado de Morelos, Uriel “N”, detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia, en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre pasado en la Ciudad de México.

Explicó que Uriel “N“, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa obstruyendo, de manera indebida, la procuración de justicia.El subsecretario también citó la captura del tercer involucrado en el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Alejandro “N”, responsable de colocar los artefactos que cobraron la vida de cuatro policías y dos  civiles.

Otras aprehensiones fueron las de Fernando “N”, alias “El Tiburón”, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra un adolescente de 15 años en un establecimiento de comida rápida, y la de Jorge “N”, por violación y corrupción de menores en Chetumal, Quintana Roo, en el 2009. 

Sobre vinculaciones a proceso, el funcionario detalló la de José Luis “N”, quien provocó el incendio en un bar de San Luis Río Colorado, Sonora, donde murieron 11 personas, además la de Cristian Alonso “N”, acusado de la ejecución de siete personas en un salón de eventos en Ojuelos, Jalisco. 

En el tema de sentencias, dijo,  destacan la de Jennifer Athzel “N” a 16 años y siete meses de prisión, por la desaparición de una madre adolescente y su bebé de 15 días de nacido, en Iztapalapa, Ciudad de México.

También los hermanos, Rogelio “N” y José Roberto “N”, sentenciados a 57 años, por el delito de trata de personas, en la modalidad de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena durante 13 años, en agravio de una menor, en Chalco, Estado de México.

Respecto a los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS)  en los estados, el subsecretario Rodríguez resaltó la detención de 34 personas, la desarticulación de una banda y el rescate de 17 víctimas. Sobre feminicidios manifestó que se logró la detención de 41 personas y se sentenció a seis, y en cuanto a asesinatos de periodistas, se mantiene la cifra de tres en lo que va del año y un vinculado a proceso.

En el informe hizo alusión a tres casos de jueces que favorecen a delincuentes.

El primero es el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, señalado en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue destituido y detenido en 2019 por enriquecimiento ilícito y peculado, pero absuelto en 2022, por el juez Daniel Ramírez Peña.

El siguiente asunto es el del juez Gustavo Alfonso Ramírez Cequera, quien declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de cinco personas, acusadas de robo de combustible en una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco-Satélite Norte y en posesión de bolsas de marihuana y 3 mil 750 litros de gasolina.

Otro caso es el del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de ocho personas, entre ellas Armando Daniel “N”, presunto narcotraficante, dedicado a la elaboración de metanfetamina en el Estado de México y Querétaro.

Este juez es señalado por 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales, durante 2022 y 2023, relacionadas con delitos contra la salud y  armas de fuego.

Boletín No. 173

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SUBSECRETARIO LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: Con su permiso señor presidente.

Muy buenos días a todas y a todos.

Vamos a presentar el informe de Cero Impunidad del periodo del 25 de julio al 7 de agosto.

El Registro de Personas Detenidas, tanto del fuero común como federal, en este periodo son 16 mil 588 detenidos, y de ellos presentados ante el Ministerio Público, 16 mil 279.

Extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República son cuatro, a diferentes Cortes de los Estados Unidos y principalmente por delitos contra la salud y homicidio.

En detenciones, tenemos ésta, es el tercer involucrado en el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga.

Ya hay dos detenidos: Se trata de Alejandro “N” por su participación, como menciono, en el ataque con explosivos ocurrido el pasado 11 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, que cobró la vida de cuatro policías y dos personas civiles; además algunos lesionados.

Él se identifica, precisamente, como el responsable de colocar los artefactos explosivos interconectados con cables en el lugar donde ocurrió la explosión y, presuntamente también es quien hizo las llamadas a una persona para informar de la localización de personas sin vida en ese punto para obligar a los cuerpos de seguridad a que asistieran al lugar.

Otra detención, se trata de Fernando “N”, alias “El Tiburón”,  detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí.

Él es acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra un adolescente de 15 años, dentro de un establecimiento de comida rápida.

Podemos ver aquí las imágenes que se difundieron en redes sociales; la víctima, incluso, tuvo que acudir al hospital para ser atendido y sus familiares pusieron una querella que inició las investigaciones.

Fernando “N” ya se había ocultado, al saber que lo buscaban, en diversos domicilios de Guanajuato y Jalisco.

Otra detención. Se trata de Jorge “N”. Él fue detenido por delitos de violación y corrupción de menores; estos hechos ocurrieron en Chetumal en el año 2009, es decir, llevaba prófugo de la justicia 14 años.

De acuerdo con las investigaciones, Jorge “N” habría dado bebidas embriagantes a la víctima, con la finalidad de cometer el acto sexual, la agresión sexual.

Esta denuncia fue hecha todavía bajo el sistema penal tradicional, por lo que el Ministerio Público inició la averiguación previa correspondiente.

Tenemos la vinculación a proceso de Uriel “N”, el Fiscal General del Estado de Morelos, detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, esto ocurrido en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México, en octubre del 2022.

De acuerdo con las investigaciones, Uriel “N”, en su calidad de fiscal, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa obstruyendo, de manera indebida, la procuración de justicia.

Otro vinculado a proceso. Se trata de José Luis “N”. Él es acusado de provocar un incendio en un bar en San Luis Río Colorado, Sonora, en la madrugada del 22 de julio pasado, que cobró la vida de 11 personas, entre ellas siete hombres, cuatro mujeres, y dejó algunas personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cuando José Luis “N” fue obligado a retirarse del bar debido a su estado de ebriedad. Y como venganza, él habría extraído combustible de una camioneta para, posteriormente, provocar el incendio de manera intencional.

Fue vinculado a proceso por homicidio calificado; homicidio calificado en grado de tentativa y daños agravados por incendio.

Otro vinculado a proceso. Se trata de Cristian Alonso “N”. A él se le acusa de la ejecución de siete personas en un salón de eventos en Ojuelos, Jalisco.

Esto tuvo lugar el 30 de enero de 2021, cuando el hoy imputado y sus cómplices arribaron al salón de eventos, en la colonia Las Lagunas, ahí se realizaba un convivio. Amagan a los asistentes con arma de fuego para despojarlos de sus pertenencias y, posteriormente, accionan sus armas privando de la vida a siete personas.

Sentencias: Tenemos esta sentencia contra Jennifer Athzel “N”, quien tras un procedimiento abreviado se le sentenció a 16 años y siete meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de una madre adolescente y su bebé, de 15 días de nacido. Esto en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en octubre de 2021.

De acuerdo con las investigaciones, Jennifer Athzel acudió al domicilio de las víctimas, la madre adolescente y el niño, en Iztapalapa, y se hizo pasar por enfermera para sustraer con engaños a la madre y a su bebé.

Se trasladan a un restaurante en la colonia Roma, ahí abandona a la madre; y se traslada con un hombre y el bebé hacia una clínica de Tlayacapan, Morelos, para una supuesta revisión médica, haciéndose pasar como los padres del bebé.

El personal médico se da cuenta de esta irregularidad y da aviso a las autoridades, con lo que se logra la detención.

Dos sentenciados: Son dos hermanos, Rogelio “N” y José Roberto “N”, sentenciados a 57 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena, en agravio de una menor.

Al inicio ella era menor de edad, porque este delito se cometió entre el 2003 y 2006; es decir, durante 13 años los ahora sentenciados esclavizaron a la víctima y la obligaron a prostituirse, sobre todo en inmuebles y bares del municipio de Chalco.

En cuanto a resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestro y las Unidades Especializadas en Secuestro en los estados, en este periodo tenemos 34 personas detenidas por el delito de secuestro; una banda desarticulada y 17 víctimas rescatadas.

Detenidos por feminicidio: En este periodo 41, y seis sentenciados por el mismo delito.

En cuanto a asesinatos de periodistas, continuamos con tres casos registrados en este año, y un vinculado a proceso.

En los casos de jueces que favorecen a delincuentes, tenemos en esta ocasión tres casos: El primero es el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En una sesión privada, celebrada el 20 de febrero de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras resolver un Recurso de Revisión Administrativa del 2019, los ministros de la Segunda Sala dejaron sin materia el medio de impugnación, toda vez que para el día de la sesión el exmagistrado ya había sido relevado de su cargo.

El exmagistrado fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

Sin embargo, en el 2022, el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió de estos delitos.

En 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Avelar Gutiérrez de favorecer al grupo delictivo “Los Cuinis”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aquí tenemos una red de vínculos elaborada precisamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en mayo del 2019, donde se señala la estructura de este grupo delictivo, y el lugar que ya le consideraban al exmagistrado Avelar Gutiérrez en esta red.

El siguiente caso es el del juez Gustavo Alfonso Ramírez Cequera.

Se trata de una red de robo de huachicol en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos se dieron el 25 de noviembre del año pasado, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, localiza una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco-Satélite Norte.

Se encuentra una derivación a una bodega que daba a un domicilio en la avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Fueron detenidas cinco personas por posesión de bolsas de marihuana y 3 mil 750 litros de gasolina, en 75 bidones; así como una manguera que cruzaba el predio.

Ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común. Son los detenidos, combustible.

Sin embargo, durante la audiencia inicial del 27 de noviembre, es decir, dos días después, el Juez de Control de la Ciudad de México, Gustavo Adolfo Ramírez Cequera, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los motivos siguientes:

Primero, consideró inverosímil que los cuatro elementos de seguridad aprehensores vieran al mismo tiempo la forma de comercializar la droga y se dieran cuenta simultáneamente cuando realizaban esta acción.

Que realizar venta de narcóticos en vía pública no es creíble.

Que el hidrocarburo no se encontraba dentro del radio de acción de los detenidos, y que en el IPH no existe una narrativa de que estaban sustrayendo hidrocarburo.

Asimismo, que las dos conductas, o sea, la posesión de narcótico y la posesión de hidrocarburo se contraponen entre sí, pues no puede ser que ambas estén en el mismo rango de acción.

El siguiente juez es Eduardo Alberto Osorio Rosado, está vinculado a unos cateos en unas bodegas en el estado de Querétaro, esto ocurre en julio de este año. 

La Fiscalía General de la República, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cumplimentan una orden de cateo en tres inmuebles ubicados en Querétaro.

Esto se inicia tras iniciar una carpeta de investigación derivado de una denuncia anónima, en la que se mencionaba a presuntos integrantes de un grupo delictivo en un domicilio.

En los inmuebles fueron detenidas ocho personas, tres mujeres y cinco hombres; entre ellas Armando Daniel “N”, presunto narcotraficante que opera en el Estado de México y Querétaro, dedicado a la elaboración de metanfetamina.

Se les aseguran diferentes tipos de drogas, químicos, armas de fuego, cartuchos, entre otros.

Sin embargo, en la audiencia inicial, dos días después, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los siguientes motivos:

Declaró nulo el cateo, al considerar que la diligencia fue ilícita y violatoria de derechos, por lo que ordenó devolver inmediatamente lo asegurado; que la Guardia Nacional no se encuentra facultada para realizar actos de investigación, ya que esto corresponde a la Policía de Investigación.

Y por lo que hace a lo que originó la carpeta, que la denuncia anónima no tiene ningún valor probatorio.

Aquí está la resolución del juez: Ilegal la detención, inmediata libertad de los indiciados, y devolución de todo lo asegurado.

Dentro de los antecedentes de este mismo juez, en el 2022 y 2023 ha dictado 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales, 61 por ciento de ellas tienen que ver con delitos contra la salud y relacionadas con armas de fuego.

Sería cuanto señor presidente.

Me permito ceder el micrófono al Almirante secretario.

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