Al presentar el informe Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, resaltó la coordinación de autoridades federales y estatales para la detención de una banda que asaltaba a usuarios de casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que el pasado 19 de agosto, un ciudadano de la India, de 35 años, sacó 10 mil dólares de una casa de cambio en la terminal aérea, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.
Cuando la víctima circulaba a bordo de un automóvil sobre Viaducto, fue interceptado por cuatro asaltantes y fue asesinado de 11 disparos para despojarlo del dinero.
El subsecretario Rodríguez Bucio recordó que el pasado 29 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión Nacional para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (Conaho), detuvieron a Rocío Esmeralda “N” y a Kevin Gabriel “N”, por su probable participación en los homicidios de un adulto mayor en Naucalpan y del ciudadano de la India.
El 31 de agosto, añadió, fue aprehendido Josué Elías “N”, alias “El Gemelo”, presunto autor material del asesinato del extranjero, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) en inmediaciones de la colonia Morelos.
Los imputados reconocieron que son integrantes de una banda que monitoreaba algunas casas de cambio del aeropuerto para detectar a las víctimas que retiraban dinero en efectivo, seguirlas y asaltarlas.
Por otra parte, el subsecretario Rodríguez Bucio se refirió a ocho jueces cuyas resoluciones favorecen a presuntos delincuentes.
Citó al Juez de Control en Guanajuato, José de Jesús Rodríguez Hernández, quien exoneró a una empresa recicladora a pagar más de mil 500 millones de pesos a la hacienda pública.
Otro caso es el de la Jueza de Control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez, señalada por beneficiar a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y reducir las penas de prisión.
También la Jueza de Control de Hidalgo, Soyla Rosa Cárdenas, cuyas resoluciones descalifican la labor de los policías, como en la detención de una persona que solicitó un crédito al ISSSTE con una credencial falsa.
El siguiente Juez de Control en Puebla es Milton Moctezuma Vega, quien emitió una sentencia absolutoria en favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio contra ex policías federales, al señalar que no se acreditó que hayan disparado con la intención de matar.
Mientras que el Juez de Control en Veracruz, Gustavo Stivalet, dictó diversas resoluciones adversas, sobre todo por tráfico ilícito de personas migrantes, sin tener un criterio homologado.
El funcionario señaló que el magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Poder Judicial de Quintana Roo, Carlos Alejandro Lima, revocó la orden de traslado del pederasta de Cancún, Jean Touma “N”, del Centro Penitenciario de Benito Juárez, al Cefereso 15 en Chiapas.
El séptimo caso fue el relativo al Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez, quien otorgó un amparo al ex gobernador Francisco Javier “N”, para que le fueran reasignados los escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Y al encargado del despacho del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez, por otorgar una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa al ex fiscal general de Veracruz, Jorge “N”, acusado de secuestro y desaparición forzada.