Con la política Cero Impunidad del Gobierno de México, se logró que jueces impusieran sentencias que van de los 35 hasta los 155 años de prisión para secuestradores y homicidas.
Lo anterior fue reportado por el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como parte del informe Cero Impunidad, detalló que en enero de 2011, Martín “N”, acusado del secuestro y asesinato de una niña de 11 años, en Chiapas, fue sentenciado a 110 años de cárcel.
Mientras que a José Wilbert “N” y Kevin “N” se les impusieron 35 años y 6 meses de prisión, por su responsabilidad en el homicidio del periodista Abraham Mendoza, ocurrido el 19 de julio de 2021, en Morelia, Michoacán.
Por el secuestro de cuatro personas en Calvillo, Aguascalientes, Daniel “N” y Jaime “N” fueron condenados a 155 y 150 años de cárcel, respectivamente; en tanto, Nicolás “N” y Eduardo “N” a 137 años.
Estas personas amedrentaron a las víctimas para obtener información de puntos de venta de narcóticos en la localidad; al no recibir la información las privaron de la libertad y a una de ellas le cortaron una oreja.
Expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo seis extradiciones a Cortes de Estados Unidos de acusados de abuso sexual, delincuencia organizada, violación y delitos contra la contra la salud.
También se hicieron dos entregas a Panamá y Argentina; en tanto, México recibió en extradición, desde España, a Manuel “N”, acusado en 2012 de homicidio.
Con relación a detenciones, dio a conocer el caso de Armando “N”, alias “El Patrón”, capturado en California con fines de extradición a México.
Fue acusado de participar en la célula criminal que atentó contra el periodista Ciro Gómez Leyva. En total, suman 19 detenidos.
Otro caso fue Gustavo Iván “N”, integrante de La Línea, deportado por el gobierno estadounidense, acusado de la agresión y homicidios de las familias LeBaron, Langford y Miller, en Sonora, el 4 de noviembre de 2019.
El subsecretario Rodríguez Bucio comentó sobre la reaprehensión de Francisco Lucio “N”, uno de los 30 presos que se fugaron del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3, en enero de este año.
Es considerado el más peligroso de los fugados, por sus nexos con el grupo delictivo Los Mexicles; hasta el momento, se recapturaron a 21 evadidos, seis fallecieron y tres están prófugos.
Presentó las vinculaciones a proceso de Raúl “N”, Adrián “N” y Miguel Ángel “N”, acusados de participar en la desaparición de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda “N”, el pasado 23 de septiembre en Zapopan, Jalisco.
Otro caso fue el de Héctor Manuel “N”, por el asesinato de la futbolista Siria Fernanda “N”, el 25 de septiembre, en Chihuahua. El imputado tiene en su contra tres procesos por homicidio y uno por narcomenudeo.
El funcionario federal citó algunas determinaciones que tomaron jueces que presuntamente favorecieron a presuntos delincuentes.
Por el caso del asesinato del ex candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con los votos de los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, otorgó un amparo a Mario “N”, homicida confeso.
Con este recurso legal, explicó, se buscaba dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión, decretada en diciembre de 1994, para que se emitiera un nuevo fallo.
Mientras que por el asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal, otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás “N.
El objetivo es que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicios sobre su probable responsabilidad, mientras no se acredite el delito y se le debe de respetar su presunción de inocencia.
Otro caso está ligado a la orden de aprehensión contra Genaro “N”. El 10 de mayo de 2023, el juez Gerardo Genaro Alarcón López negó la captura por el delito de enriquecimiento ilícito.
El argumento fue que no bastó que haya desproporción de lo que percibió el imputado y su patrimonio, sino que el incremento debe derivarse de las actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de su función pública.
Por su parte, el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Tabasco, Luis Joel Escalante Pavía, calificó de ilegal la detención de siete personas, cuatro de ellas extranjeras.
Los presuntos generadores de violencia fueron capturados en flagrancia tras agredir con armas de fuego a policías estatales y federales, quienes realizaban recorridos de vigilancia en la colonia El Toloque.
En la conferencia estuvieron la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda.