SUBSECRETARIO LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: Con su permiso señor presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
Vamos a dar el avance de Cero Impunidad del 24 de agosto al 4 de septiembre.
Tenemos dos temas:
Primero, ocho casos de jueces cuyas resoluciones favorecen a presuntos delincuentes.
Y, luego, el caso del asesinato del ciudadano de la India, en Viaducto.
El primer caso es el del juez José de Jesús Rodríguez Hernández. Es un juez de Control, en Guanajuato.
De 118 resoluciones, en 52 ha considerado ilegal la detención; en 59 no vinculó a proceso, y emitió siete sentencias absolutorias.
Este juez exoneró a una empresa recicladora, de diversos materiales, de la obligación de pagar más de mil 500 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública.
El SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación, en su momento, acreditaron el uso de empresas fachada para facturar servicios inexistentes.
El 29 de agosto, este juez dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal a esta empresa.
Cuenta también con dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal.
La siguiente es la jueza de Control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez. De 23 resoluciones, en cuatro ha declarado ilegal la detención; en 13 no vincular a proceso, y ha emitido seis sentencias absolutorias.
En sus resoluciones, principalmente, ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ya que en procedimientos abreviados, ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados.
Tenemos un caso en el que dos personas que habían aceptado penas de prisión de 7 años 6 meses, y 8 años 7 meses, la jueza al dictar sentencia les impuso 5 años y 4 años de prisión, respectivamente.
Esta resolución contraria a la ley fue impugnada y revocada por el Tribunal de Alzada.
Hay un antecedente de esta jueza de su actuar: Es el caso de la desaparición forzada de José Francisco “N”, era un recolector de basura en Aguascalientes. Fue detenido en diciembre del 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco; caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los cuatro presuntos responsables de este delito.
El 17 de agosto de este año, la jueza se excusó del caso.
La jueza de Control de Hidalgo, Soyla Rosa Cárdenas Bahena. De 43 resoluciones, en 21 ha considerado ilegal la detención; en 17 declaró no vinculación a proceso, y ha emitido cinco sentencias absolutorias.
En general, las resoluciones de los casos que se le turnan, en lugar de fundar y motivar legalmente, descalifica la labor de los policías y argumenta que éstos realizan detenciones injustificadas y con mecánicas reiterativas.
En un caso, indebidamente calificó de ilegal la detención de una persona, que con una credencial falsa solicitó un crédito al ISSSTE.
Cuenta con una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
El siguiente juez, es el Juez de Control en Puebla, Milton Moctezuma Vega. De 19 resoluciones, en tres ha decretado ilegal la detención; en 13 no vinculación a proceso, y ha emitido tres sentencias absolutorias.
Tenemos un caso: Emitió una sentencia absolutoria en favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de expolicías federales; señalando que no se acreditó que los tres acusados hayan disparado con la intención de matar a los policías, puesto que los proyectiles impactaron en la patrulla, por lo que solamente se acreditaron los daños ocasionados al vehículo.
El siguiente juez, es el Juez de Control en Veracruz, Gustavo Stivalet Sedas. De 27 resoluciones, en cinco ha decretado ilegal detención; en 20 no vinculación a proceso, y ha emitido dos sentencias absolutorias.
Este juez ha dictado diversas resoluciones adversas, sobre todo en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes, sin tener un criterio homologado.
En algunos casos ha considerado que no se acredita la conducta lucrativa por no asegurarse en numerario, y en otros casos en que sí existe aseguramiento de dinero, señala que esto no es suficiente.
Tenemos ahora el caso del retorno del pederasta de Cancún a Quintana Roo. Se trata de Jean Touma “N”, él está sentenciado a 94 años de prisión por delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
Aquí, el magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Carlos Alejandro Lima Carvajal, revocó la orden de traslado de Jean Touma “N” del Centro Penitenciario de Benito Juárez, al Cefereso número 15 en Chiapas.
Calificó de ilegal dicho traslado y ordenó regresarlo al penal en Benito Juárez, Quintana Roo.
El sentenciado encabezó una red de trata y pornografía infantil en Quintana Roo, en la década de los 90 y en 2000; y fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México en 2011.
Su traslado al penal federal se debió a que Jaen Touma es considerada una persona que pone en peligro la estabilidad y gobernabilidad del centro penitenciario local, derivado de su conducta al interior del mismo, lo cual fue soslayado por el magistrado Lima Carvajal.
El siguiente caso: Es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier “N”, quien solicitó el amparo por el retiro de sus escoltas.
Aquí, el juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó un amparo a Francisco Javier “N”, para que los escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas le sean resignados al quejoso, pues de acuerdo al juzgador no basta con utilizar la frase “por necesidades del servicio”, sino que hay que justificarlo y, sobre todo, tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección a que está sujeto el funcionario público.
Cabe señalar que el juez Gutiérrez Pérez, también en octubre del 2022, le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, así como un amparo, en este año, en febrero, el cual ya fue revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas.
Pareciera que el juez Gutiérrez Pérez actuara como juez de consigna en los asuntos que lleva el exgobernador tamaulipeco.
El siguiente caso: Es el del exfiscal general de Veracruz, Jorge “N”, acusado de secuestro y desaparición forzada.
Aquí el secretario encargado del despacho del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez, le otorgó una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa, pues, a su criterio, es contraria a los tratados internacionales y ordenó que se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley. Aquí lo manifiesta.
El encargado del despacho, Rossell Martínez, de esta forma intentó liberar a Jorge “N”, a pesar de que los delitos por los que se le investiga son graves.
Sin embargo, el juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.
Ahora, tenemos el caso del asesinato del ciudadano de la India, en el en el Viaducto, el pasado 19 de agosto.
El señor Kethan Shah, de 35 años, originario de la India, viajaba en un automóvil blanco, acompañado de otra persona.
Él había salido de una casa de cambio en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde había cambiado 10 mil dólares.
Cerca de las 11:30 fue interceptado en Viaducto por cuatro hombres, a bordo de dos motocicletas.
Los sujetos intentaron despojarlo del dinero, pero el ciudadano hindú que no entendía español, no entendió las exigencias de los asaltantes, esto generó confusión, y finalmente uno de los asaltantes le disparó en 11 ocasiones.
Luego, el 29 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la CONAHO dan cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Rocío Esmeralda “N” y Kevin Gabriel “N”, esto por su probable participación en el homicidio de un adulto mayor, a quien habían despojado de su pensión, en Naucalpan, Estado de México.
Una vez detenidos manifiestan pertenecer a una asociación delictiva, y aceptan haber participado en el intento de robo y homicidio a la persona originaria de la India.
Posteriormente, el 31 de agosto, Josué Elías “N”, alias “El Gemelo”, es el presunto autor material del homicidio, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en inmediaciones de la colonia Morelos, por su participación en el hecho delictivo.
Esto, debido a que una llamada telefónica que realiza a su hermano Caleb, quien está detenido, acepta ser él el que había disparado contra el ciudadano de la India.
Aquí vemos el modus operandi de esta banda.
Tienen un equipo: El número uno, que selecciona las víctimas; éste se integra por dos personas, generalmente un hombre y una mujer que trabajan en el monitoreo de las casas de cambio o de varias casas de cambio, que se ubican entre las puertas dos y siete del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Su función es informar datos de personas que realicen cambios de dinero en efectivo en cantidades importantes; les dan la media filiación, vestimenta, de manera que los puedan identificar.
Después, hay un equipo número dos: Conocido como picadores; éste está integrado por dos o tres personas, y su función es ubicar afuera de las casas de cambio a las víctimas con la descripción que ya les proporcionó vía telefónica el equipo número uno.
Les dan seguimiento e identifican el vehículo que abordan, una vez que van saliendo del aeropuerto.
A este equipo pertenecía, o en este equipo participaban Kevin Gabriel “N” y Rocío Esmeralda “N”, detenidos por la Fiscalía del Estado de México.
Luego hay otro equipo, número tres: Se les conoce como cobradores. Está integrado por seis a ocho personas, quienes utilizan motocicletas y vehículos.
Con los datos aportados por el equipo número 2, les dan seguimiento al exterior del aeropuerto a las víctimas, para después despojarlas de sus pertenencias.
A este equipo pertenecía José Elías “N”, alias “El Gemelo”, que vimos fue detenido, y quien disparó a la víctima.
El líder de este grupo delictivo también es encargado de supervisar que se ejecute el asalto, incluso participa en esta actividad.
Finalmente, un equipo número cuatro: Es el equipo enfriador. Estos se encargan de resguardar los vehículos y motocicletas empleados en los asaltos.
Este grupo realizaba sus operaciones delictivas principalmente en domicilios en la Ciudad de México y Estado de México.
Sería cuanto.