La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las ocho mujeres colombianas que presuntamente se encontraban desaparecidas en el estado de Tabasco, no estuvieron privadas de su libertad y se encuentran sanas y salvas.
El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, explicó durante la presentación del informe Cero Impunidad, que las mujeres ingresaron de manera legal al país y fueron contratadas para el servicio de acompañamiento en una fiesta privada, en la que permanecieron de forma voluntaria.
En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador detalló, que el 12 de enero, el Consulado General de Colombia, en Cancún, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco (FGE Tabasco) por la presunta desaparición, por lo que se abrió una carpeta de investigación y se iniciaron acciones de búsqueda.
Participaron además en los operativos interinstitucionales el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Investigación (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto (CONASE).
Agregó que se ubicó a las colombianas en un hotel, en la carretera Cárdenas- Villahermosa, y se les trasladó a la fiscalía para su declaración. Al no denunciar delito en su contra, fueron llevadas al Instituto Nacional de Migración (INM).
En otro caso, el subsecretario habló de la desaparición, hace un año, de dos líderes comuneros en los límites de Colima y Michoacán: el profesor de Aquila, Antonio Díaz Valencia y el abogado y defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca.
Las investigaciones, dijo, señalan que el motivo de su desaparición fue por un conflicto comunitario y jurídico por la explotación de la mina Las Encinas, pero continúa su búsqueda y hay dos personas detenidas y vinculadas a proceso.
El subsecretario citó tres casos de jueces y magistrados que favorecen a presuntos delincuentes.
Señaló el amparo otorgado por el Tribunal Colegiado al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis “N”, por el caso Ayotzinapa, para que el Juez Tercero de Control de Toluca determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa.
El amparo fue votado a favor por los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y el secretario en funciones de magistrado, Luis Alberto Castro Velázquez; y en contra por el magistrado José Pablo Pérez Villalba, el pasado 15 de noviembre.
Asimismo, se refirió al magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde, quien revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión por delincuencia organizada a María de los Ángeles “N”, también vinculada al caso Ayotzinapa y ordenó la reposición del procedimiento, por considerar que se violó su derecho de seguridad jurídica en el debido proceso en audiencia, defensa e igualdad.
Finalmente, citó al juez Marco Antonio Beltrán Moreno, quien determinó modificar la prisión preventiva justificada al exgobernador de Quintana Roo, Roberto “N”, y estableció la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos.
Sin embargo, Roberto “N” permanecerá recluido en Morelos, debido a que otro juez le confirmó la prisión preventiva por delincuencia organizada.