SUBSECRETARIO LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: Con su permiso, señor presidente.
Muy buenos días.
Vamos a presentar el día de hoy el avance Cero Impunidad. El periodo es del 9 de enero al 19 de febrero.
Tenemos cinco extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República hacia diferentes Cortes de los Estados Unidos: Arizona, Texas, Pensilvania y dos en California.
Los delitos son principalmente asociación delictuosa, agresión sexual, tenemos dos y también asociación delictuosa, así como homicidio.
En detenciones, en este periodo tenemos a Óscar “N” y Paloma “N”, ellos fueron detenidos por la fiscalía de Guanajuato con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Estatal, tras cumplementar una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de los 11 jóvenes, ocurrido en Salvatierra, Guanajuato, el pasado 17 de diciembre.
De acuerdo con las investigaciones, mientras se desarrollaba una fiesta privada, recordemos era una posada en una hacienda, en Hacienda San José del Carmen, los hoy detenidos junto con otras personas ingresaron al lugar para agredir con armas de fuego a las personas que ahí se encontraban, provocando la muerte, en esa ocasión, de 11 jóvenes y lesionando a otras más.
Una de las líneas de investigación es que fue en represalia por haberles negado el ingreso a esa fiesta.
Esos tres detenidos: César Alberto “N”, Ángel Antonio “N” y Sherlyn “N”, fueron detenidos por la fiscalía del Estado de México, con apoyo de CONASE y CONAHO, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta participación en la desaparición de cuatro trabajadores d
Para lograr estas detenciones se realizó un trabajo de investigación de gabinete y distintas diligencias a cargo de la CONAHO, permitiendo obtener información de relevancia para establecer la zona de movilidad de los tres detenidos.
Hay un dato aquí: La fiscalía del Estado de México tiene identificado como líder de esa célula criminal y autor material, también de los hechos, a Josué “N”, esta persona que está aquí, alias “El Colibrí” por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien dé información que permita su localización y captura.
También tenemos la detención de estas 10 personas, eso fue en flagrancia y por parte de la Fiscalía General de la República, el 10 de febrero, en Hermosillo, cuando realizaban el traslado de 251 migrantes hacinados en el interior de contenedores en plataformas del tren que va en la ruta de Hermosillo a Nogales.
De acuerdo con las investigaciones, por una denuncia anónima la Fiscalía General de la República realizó la inspección de los contenedores y localizó y rescató a los 251 migrantes provenientes de Ecuador, El Salvador y otros países de África. Fueron todos entregados al Instituto Nacional de Migración.
Esta detención de Raymundo “N”; él fue alcalde de Toluca, el 18 de enero de este año por parte de la Fiscalía General del Estado de México, con apoyo de Sedena y la fiscalía de la Ciudad de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro exprés, cometida en contra de su ex suegro, esto en Toluca, en diciembre del año pasado.
De acuerdo con las investigaciones, Raymundo “N” habría dado la orden a policías municipales de Toluca para ingresar, sin mandamiento judicial ni causa justificada, a las oficinas de la víctima y trasladarla a la Oficialía Calificadora municipal donde se le mantuvo retenida ilegalmente.
En ese momento Raymundo “N” estableció comunicación con su ex esposa, la hija de la víctima, para exigirle la devolución de documentos de carácter personal a cambio de liberar a su padre.
Él ya fue vinculado a proceso.
En vinculación a proceso tenemos estas siete personas, fueron vinculadas a proceso por delito de privación ilegal de la libertad y trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, en agravio de nueve mujeres, tres de ellas menores de edad; su detención ocurre el 20 de enero del 24, en una gasolinera de Amozoc, Puebla.
De acuerdo con las investigaciones, el día de la detención, las víctimas eran trasladadas en contra de su voluntad a un anexo, es un centro conocido como Centro de Regeneración Adulam, las llevaban los hoy vinculados a proceso.
Al llegar a la gasolinera, las víctimas pidieron apoyo, ayuda y arribó la Guardia Nacional y la Policía estatal, quienes lograron rescatarlas y detener a los hoy imputados.
En ese anexo las víctimas eran obligadas a realizar trabajos forzados; se les castigaba sin comer o se les daban alimentos en mal estado y, además, únicamente tenían derecho a bañarse una vez a la semana frente a su pastor, y se les prohibía tener contacto con sus familiares.
Sentencias: tenemos ésta, de 33 años de prisión a Kevin “N”, él era un servidor público en el municipio de Ecatzingo, Estado de México. Mediante un procedimiento abreviado fue sentenciado a los 33 años de prisión, tras acreditar su responsabilidad por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de una persona de identidad reservada, el 31 de octubre, en Yecapixtla Morelos.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía de Morelos, a la víctima, tras ser secuestrada, le fue mutilado un dedo por sus secuestradores para presionar a su familia y lograr una rápida entrega de dinero a cambio de su liberación.
Esta sentencia de 235 años de prisión a Leonel “N”, conocido como “El Pistachón”; su oficio era payaso en los rodeos; fue sentenciado tras acreditar su responsabilidad por los delitos de feminicidio agravado cometido en perjuicio de sus dos hijas menores de edad y tentativa de feminicidio en agravio de su madre y su esposa, esto en Matías Romero, Oaxaca.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se encontraban al interior de su domicilio, en la colonia Justo Sierra, cuando Leonel arribó y roció de combustible y le prendió fuego a la vivienda provocando la muerte de sus dos hijas y lesionando de gravedad a su madre y a su esposa.
Otra sentencia de 19 años de prisión a Kleiver Nazario “N”, tras acreditar su responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su hijo y de su pareja Abigail “N”, quien fue sometida por el hoy sentenciado a un alto grado de violencia psicoemocional que la orilló a quitarse la vida en los separos de la Policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca, esto en agosto del 2022.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima sufrió diferentes tipos de violencia física y psicológica durante su relación con Kleiver Nazario “N”. El día que Abigail
“N” se quitó la vida, había sido detenida tras una discusión con su pareja y llevada a los separos de la presidencia municipal donde se quitó la vida.
Esta sentencia de 76 años y 4 meses de prisión, esas tres personas, tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa cometidos en contra de los comunicadores Reynaldo “N”, lo vemos aquí, y Carlos Andrés “N”, esto en el 2019 en Hermosillo, Sonora.
Las investigaciones indican que las víctimas circulaban por las calles de la colonia Las Pilas, en Hermosillo, cuando los hoy sentenciados a bordo de un vehículo le cerraron el paso, dispararon con armas de fuego, privando de la vida en el lugar a Reynaldo e hiriendo de gravedad a Carlos Andrés.
Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes.
Este es el primero, se trata del caso de Luis “N”, ex funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, esto por el proceso de “Rápidos y Furiosos”; interviene la Jueza Novena de Distrito del estado de Sonora, Jesús Karina Ahumada Rábago, quien el 20 de enero de este año dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de Luis “N”, por el delito de omisión al no impedir la introducción a territorio nacional en forma clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
A criterio de la jueza Almada Rábago, no se aportaron medios de convicción aptos y suficientes para acreditar el delito como lo mandata el artículo 21 constitucional.
Actualmente Luis “N” continúa recluido en el penal del Altiplano por otras causas penales.
Este es el caso de un presunto operador financiero del Cártel del Golfo detenido en un cateo con fentanilo y cocaína, es Rogelio “N”. Involucra al juez Crescencio Contreras Martínez, quien el 14 de diciembre del año pasado decretó sobreseimiento de la causa penal en favor de Rogelio “N” y ordenó su libertad porque se afectó su presunción de inocencia.
De acuerdo al juez Contreras Martínez, el cateo en el que fue detenido Rogelio “N”, vulneró sus derechos fundamentales, pues no se le permitió nombrar testigos y su detención fue ilegal ya que la situación no daba pauta a restringirlo de su libertad ni representaba riesgo alguno ante la cantidad de elementos participantes en el cateo.
El Ministerio Público había designado sus propios testigos en términos del criterio prudencial 164 831 de la Suprema Corte de Justicia, lo que lo facultaba para iniciar
la diligencia de cateo en ausencia de respuesta de algún ocupante del domicilio donde fue el cateo.
Este mismo juez, en otro caso, solicitó el traslado de José Alberto “N”, alias “La Quena” a un penal de Reynosa, cuando fue detenido el 17 de enero del 2024, a pesar del riesgo que representaba dicho traslado. Además, en su audiencia del 25 de enero de este año, decretó la no vinculación a proceso a su favor. José Alberto “N” continúa recluido por el delito de secuestro.
Este es el caso de Emilio “N” por los casos Odebrecht-Pemex, involucra a la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, quien el 23 de enero de este año, otorgó una suspensión provisional a favor de Emilio “N”, quien promovió amparo contra la resolución de fecha 15 de diciembre del 23, en la que el Juez de Control del Reclusorio Norte le negó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Posteriormente, el 6 de febrero, la jueza decretó esta suspensión de manera definitiva. Esta suspensión definitiva prevalecerá hasta en tanto se resuelva de fondo el amparo y no implica la libertad de Emilio “N”.
Sería cuanto señor presidente.
