Con la política del Gobierno Federal de Cero Impunidad, se logró una sentencia vitalicia y otras de hasta 171 años de prisión contra delincuentes, informó el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio.
Al presentar el informe del 11 al 24 de junio, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la sentencia vitalicia a Lev Norman “N”, por el feminicidio de Lucero Jazmín “N”, y 46 años y dos meses más por el homicidio del hermano de la propia Lucero, en San Mateo Atenco, Estado de México.
Otra de 171 años y 6 meses de prisión a Jesús “N” y una más de 115 años a Eduardo “N”, por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y homicidio contra servidores públicos en grado de tentativa, en Valle de Santiago, Guanajuato.
En su reporte, el funcionario también señaló detenciones relevantes como la de Carlos “N”, por la desaparición cometida por particulares, en Cerocahui, Chihuahua, junto con quien fuera el líder criminal de Urique, José Noriel, alias “El Chueco” y otros hombres armados.
La de Daniel “N”, presunto integrante del grupo delictivo “La Familia Michoacana”, acusado del homicidio de una persona que se negó a comercializar droga en Chicoloapan, Estado de México.
Además la de Joaquín Jonathan “N” y Brayan Manuel “N”, por el asesinato de seis integrantes de una familia, cuatro mujeres y dos menores, en León, Guanajuato.
En vinculaciones a proceso resaltó la de María del Rosario “N”, por su presunta participación en los delitos de desaparición cometida por particulares, homicidio calificado, feminicidio y tortura de tres hermanos de apellidos González Moreno, en Guadalajara, Jalisco.
La de Diana “N” por el homicidio de Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla en las pasadas elecciones, y el feminicidio de una de sus trabajadoras.
El subsecretario presentó un caso de obstáculos para la impartición de justicia en el Centro de Justicia Penal Federal de Nuevo León, donde las audiencias iniciales y de juicio oral de temas fiscales sufren demoras significativas, en clara violación del derecho a una justicia expedita.
Detalló el caso de tres jueces que favorecen a presuntos delincuentes.
El primero, el juez Gregorio Salazar Hernández, quien dejó sin efectos la prisión preventiva justificada de Janet Miriam “N”, investigada por su supuesta participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada, así como el desvío de 5 mil 112 millones de pesos. Además, ordenó su libertad sin cubrir los trámites de egreso obligatorios y le permitió su salida directamente de la sala de audiencia.
El segundo, es el de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, quien determinó la suspensión provisional al ex dirigente de un partido político en la Ciudad de México, Cuauhtémoc “N”, contra cualquier orden de aprehensión, presentación o ejecución, tras pagar una garantía por 87 mil 500 pesos. Sin embargo, continúa en prisión preventiva por el delito de trata de personas.
En el tercero, el subsecretario Rodríguez Bucio explicó que integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, concedieron a Luis Antonio “N”, alias “El Monedas”, hijo de José Antonio, “El Marro”, y dos cómplices, una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa.
En cumplimiento a la resolución del Colegiado, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén hizo cambio de medidas cautelares e impuso la presentación periódica y una garantía económica, además, apercibió a la titular del Cefereso Número 12 de Guanajuato para dar acatar su determinación en un lapso de 24 horas, y le impuso multas por 200, 400 y 600 UMAS.
En materia de extradiciones, dijo, se realizaron dos hacia la Corte de California y una a la de Nueva York, por homicidio, tentativa de homicidio, homicidio en segundo grado de un bebé, homicidio intencional, toma de rehenes y asociación delictuosa.