Este miércoles, en Querétaro, fue celebrada la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, donde se dio a conocer que 13 mil 319 internos de centros penitenciarios estatales fueron trasladados a penales federales.
La apertura de los trabajos estuvo encabezada por el gobernador Mauricio Kuri y el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Hazael Ruíz.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, participó vía remota y en su mensaje agradeció la anfitrionía y hospitalidad del gobernador, con quien han trabajado en coordinación y en materia de seguridad se han logrado buenos resultados.
Resaltó que desde el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha impulsado la coordinación entre los tres niveles de gobierno y se mantiene la estrategia de seguridad que pone énfasis en la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios del país, pero también en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Explicó que los traslados reducen el riesgo de incidentes al interior de centros estatales, y detalló que las entidades con mayor número de cambios son:
Estado de México con mil 938; Ciudad de México, mil 786; Chihuahua, mil 771; Tamaulipas, mil 728; Zacatecas, mil 476; Guanajuato mil 348; Nuevo León, mil 193; Veracruz, 680; Quintana Roo, 627; Puebla, 591; Sonora, 558, y Guerrero con 513.
Asimismo, la secretaria reportó que se realizó con éxito el Programa del Voto Anticipado en Prisión Preventiva, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), del 6 al 18 de mayo, donde por primera vez participaron hombres y mujeres privados de su libertad que no han recibido sentencia.
Por su parte, Hazael Ruíz, expresó que la Conferencia Nacional Penitenciaria ha servido para consolidar una política penitenciaria digna y respetuosa de los derechos humanos, y para continuar con la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
Agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), su apoyo para la movilización aérea y terrestre de las personas privadas de la libertad.