En cumplimiento de las estrategias nacionales de Seguridad Pública y de Fortalecimiento de las Aduanas y Puertos, en Baja California, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detuvo a una persona que ingresó al país con más de 150 mil dólares, equivalentes a más de 2.9 millones de pesos, sin declararlos ante la autoridad correspondiente.
Elementos de ambas instituciones realizaban inspecciones de prevención y vigilancia en la garita de Otay, en la zona fronteriza del municipio de Tijuana, cuando ingresó la conductora de una camioneta con placas de circulación del estado de California, Estados Unidos, por el carril de “nada que declarar”, a la que correspondió luz verde en el semáforo fiscal, es decir, libre de revisión.
Sin embargo, el personal se percató de que la unidad tenía vidrios polarizados, por lo que solicitaron a la mujer detener la marcha para efectuar una inspección preventiva y corroborar que no ingresara con mercancías no declaradas u objetos que pudieran ser constitutivos de algún delito.
La conductora accedió de manera voluntaria; se estacionó en una de las bahías y, tras breve entrevista, manifestó viajar de San Diego, California a Tijuana. Al revisar una maleta color rosa en el interior del vehículo, los elementos localizaron varios envoltorios de color verde que parecían contener dinero en efectivo.
Al cuestionarla, dijo no saber la cantidad, por lo que el personal contabilizó la divisa, dando un total de 150 mil 155 dólares americanos, equivalentes a 2 millones 902 mil pesos aproximadamente, los cuales no contaban con la declaración aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La mujer fue detenida por infringir el artículo 9º de la Ley Aduanera, le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y, junto con el numerario, fue puesta a disposición ante la agencia del Ministerio Público Federal en la entidad.
La Guardia Nacional y ANAM refrendan el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para inhibir la corrupción y la evasión fiscal, en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.