Del 13 al 26 de junio de este año, fueron detenidas 17 mil 160 personas acusadas de diversos delitos del fuero común y federal, reportó el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio.
Durante la presentación del informe quincenal Cero Impunidad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) extraditó a Estados Unidos a Richard “N”, el imputado era requerido por la Corte de Texas, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud; asimismo se recibió una orden de extradición para Cruz “N”, acusado de homicidio.
Dio cuenta de algunas detenciones, como la de César “N”, acusado de extorsionar transportistas en Coatepec Harinas, Estado de México, también es investigado por atacar a agentes de la fiscalía estatal.
A esta persona también se le considera un generador de violencia en la zona sur del Estado de México; encargado del cobro de extorsiones a conductores del transporte público y suministrar armas de fuego a “La Familia Michoacana”.
Reportó la captura de Angélica “N” por delitos cometidos contra la fe pública y tráfico de influencias en agravio del servicio público cuando se desempeñaba como Jueza de Control del 18 Distrito Judicial de Cosamaloapan, en Veracruz.
El subsecretario Rodríguez Bucio, recordó que el pasado 3 de junio, Angélica “N” decretó la no vinculación a proceso e inmediata libertad de Itiel “N”, alias “Compa Playa”, acusado de doble homicidio.
En tanto, en Hidalgo, Víctor Eloy “N” fue arrestado por peculado agravado de 18 millones de pesos, que estaban destinados a la compra de insumos para atender la contingencia del COVID-19, cuando era director de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor en la entidad.
Mientras que Florencio “N” fue detenido por la Fiscalía General del Estado Nayarit por los delitos de abandono y ejercicio indebido de funciones, peculado, tráfico de influencias; asociación delictuosa y administración fraudulenta en agravio de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, en la administración del gobernador Ney González.
También se le investiga por la compra de un inmueble en el Ejido Higuera Blanca, municipio de Bahías Banderas, que adquirió en su calidad de representante del gobierno, sin embargo, dicho inmueble nunca ingresó al patrimonio del estado.
El subsecretario de Seguridad habló de las personas vinculadas a proceso: Susana “N”, acusada de feminicidio, en grado de tentativa, contra su sobrina, de 11 años, en Tlalnepantla, Estado de México.
Saulo “N” y Juan Manuel “N”, policías en Ciudad Juárez, están relacionados con el secuestro de dos personas, a quienes tuvieron en cautiverio 12 días. Tras el pago de un rescate fueron liberadas.
Informó sobre algunas sentencias relevantes: Néstor Daniel “N” recibió una pena de 55 años de prisión por el delito de secuestro de una persona, en el poblado Los Algodones, en Baja California. La fiscalía de ese estado rescató a la víctima; detuvo a dicho imputado y dos individuos más en el Fraccionamiento Los Ángeles, en Mexicali.
José María “N” fue sentenciado a 125 años de cárcel, por el secuestro de dos personas, en octubre de 2019 en la carretera federal México-Cuautla, municipio de Tlalmanalco, Estado de México.
A Gerardo “N” le impusieron 18 años y nueve meses de cárcel por el delito de trata de personas, en agravio de su hija, a quien entregó y obligó a trabajar para un individuo con quien tenía una deuda económica, realizando labores domésticas.
También señaló que como resultado de las acciones de colaboración entre la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) se detuvieron 57 personas acusadas de secuestro, desarticularon siete bandas y rescataron 22 víctimas.
Y sobre feminicidios resueltos, fueron capturadas 60 personas.
Por otro lado, presentó tres casos en los que jueces favorecieron con sus decisiones a personas relacionadas con robo de combustible, conocido como huachicol.
El funcionario expuso que en julio de 2019 se reportó una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco-Satélite. Ahí, se encuentra una derivación que se dirigía a un predio, ubicado en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El predio fue asegurado porque al interior había un centro de almacenamiento de combustible robado. La FGR inició una carpeta de investigación.
En enero de este año, el Juez Arturo Medel Casquera decretó el no ejercicio de la acción penal contra el dueño del inmueble, aduciendo que no se acreditó si la toma estaba en el número 100 o en el 100 bis.
Otro caso ocurrió en Hidalgo. Entre 2020 y 2023, Pemex identificó 615 tomas clandestinas, entre los kilómetros 188 y 192 del poliducto Tuxpan-Tula, en Cuautepec de Hinojosa, en donde se encuentra la Ex Hacienda San Juan Hueyapan, propiedad de Ernesto Tinajero.
Por estos hechos, se iniciaron 20 carpetas de investigación. El 19 de noviembre de 2021, se localizó una toma con el apoyo de un canino, de nombre “Bono”. Por lo cual, Pemex inició una denuncia contra Tinajero; sin embargo, la Jueza Gabriela Capetillo Piña no consideró válida esta forma de detección. En este mes, el Juez Jesús Anim López Islas, del Poder Judicial de Hidalgo, concedió el beneficio de suspensión condicional a favor de Tinajero.
Otro caso fue en Tlajomulco de Zúñiga, el 30 de diciembre del año pasado, ya que Fernando “N” fue detenido en flagrancia por la Guardia Nacional, cuando removía tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara.
Fue presentado ante el Juez de Control Edgar Alonso Ambriz Tovar, por el delito de alteración de ductos; sin embargo, el impartidor de justicia ordenó su libertad, pues a su parecer la pala no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina.