SUBSECRETARIO LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: Con su permiso señor presidente.
Muy buenos días.
Me voy a permitir dar el avance de Cero Impunidad, en el periodo del 19 de septiembre al 2 de octubre.
En esta ocasión, tenemos ocho casos de extradición de México hacia los Estados Unidos.
Son diferentes Cortes las que están requiriendo a estas personas, principalmente por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, homicidio, lesiones, abuso sexual. Son ocho las extradiciones en este periodo.
Detenciones importantes:
Tenemos a Ivohone Patricia “N”. Ella fue detenida en el estado de Hidalgo por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, en su calidad de autora intelectual. Secuestro cometido en agravio de Ricardo “N”, un reportero del medio de comunicación de nombre “Presente”.
Esto ocurrió en Poza Rica, Veracruz, el pasado 3 de abril del 2023.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Veracruz indican que la víctima se encontraba en un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando hombres encapuchados, a bordo de camionetas, lo privaron de su libertad.
Un día después la víctima fue localizada en Tihuatlán, Veracruz.
Ivohone “N” fue detenida en el estado de Hidalgo, con el apoyo precisamente de la Fiscalía de Justicia de este estado.
Otra detención importante es Martín Heriberto. Él fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violación y asesinato de la doctora del IMSS, Alí Jasel “N”. Esto ocurrió en San José del Cabo, en Baja California Sur.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Baja California, indican que el 18 de septiembre, la policía municipal localiza el cuerpo de la víctima en el interior de una maleta color rosa, y con signos de violencia, en un domicilio de la Colonia Guaymitas.
La necropsia determinó que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica por estrangulamiento.
Martín Heriberto era vecino de la víctima y ya está vinculado a proceso.
Tres vinculados a proceso:
Se trata de Miguel, Rodrigo y José. Se les acusa de delitos de tráfico de indocumentados, en la modalidad de albergue agravado, asociación delictuosa y cohecho. Esto en agravio de 290 migrantes.
Los hechos ocurrieron en Xaltocan, Tlaxcala, el pasado 8 de septiembre.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República indican que la Secretaría de Seguridad de Tlaxcala recibió una denuncia anónima sobre un domicilio en la comunidad de San José Toxapa, utilizado para ocultar a personas indocumentadas.
Con esta información, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala localizaron a los hoy detenidos, dando vigilancia al domicilio.
Aquí, al notar la presencia policial, los tres intentaron huir y posteriormente, incluso, intentaron sobornar a los policías de Tlaxcala.
En el domicilio se encontraban 290 personas, algunas menores de edad, en condiciones de hacinamiento.
Ya fueron vinculados también a proceso con medida cautelar de prisión preventiva.
Otros vinculados a proceso:
Se trata de Sean “N” y César “N”, hijo y su padre. Se les cumplimentó orden de aprehensión, en reclusión, por el delito de feminicidio en agravio de Montserrat “N”.
Esto ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México, el pasado 22 de septiembre.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, se inició una carpeta de investigación luego de que el cuerpo de Montserrat fuera retirado de un domicilio, ubicado en la colonia Anáhuac, y llevado a una agencia funeraria, donde un hombre contrató sus servicios con la intención de cremar el cuerpo.
Sin embargo, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México se presentaron al lugar a efecto de recuperar y trasladar el cuerpo de la víctima al Instituto de Ciencias Forenses para practicarle la necropsia de ley, arrojando que había fallecido por traumatismo múltiple.
Sean “N” y César “N” ya habían sido detenidos previamente por delitos contra la salud y se les cumplimentó la orden de aprehensión por feminicidio ya estando en reclusión.
Tenemos esta sentencia de 63 años de prisión a José “N” y Ramiro “N”; y de 66 a Timoteo “N”. Ellos fueron sentenciados luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y uno de sus escoltas.
Esto ocurrió en La Noria, Michoacán, el 28 de julio del 2013.
Las tres personas también fueron sentenciadas por otros delitos como delincuencia organizada, homicidio en grado tentativa, portación de armas de fuego, daño en propiedad ajena, entre otros.
Los tres fueron detenidos en octubre del 2013 y aceptaron pertenecer al grupo criminal “Caballeros Templarios”.
Vamos a ver ahora el caso de algunos jueces que favorecen a presuntos delincuentes.
En este caso, se trata del Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, José Fernando García Quiroz, quien el 22 de septiembre otorgó una suspensión provisional a favor de Rafael “N”, contra el procedimiento de extradición número 5/2013 para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y se suspenda todo acto tendiente a extraditar al quejoso del territorio nacional.
Rafael “N” es requerido por una Corte del Distrito de Central de California por varios delitos, como el secuestro y homicidio de un agente federal de los Estados Unidos, es el caso de Enrique “Kiki” Camarena.
Otro juez, en este caso se trata de Abigail Ocampo Álvarez. Ella es jueza Primera de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
El 29 de marzo de este año otorgó un amparo a Antonio “N” para efecto de que se deje insubsistente la vinculación a proceso decretada en su contra por los delitos contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Y además ordenó al Juez de Control reponer el procedimiento.
De acuerdo a la jueza, la cantidad de cocaína encontrada en posesión del detenido no acreditaba que pretendía venderla, ya que no se encontró una báscula o dinero.
De igual manera, en cuanto al delito de acopio de armas, la jueza consideró que sólo se acreditó la existencia de cinco armas de fuego y no más de cinco armas de fuego como lo había presentado la Fiscalía; y de acuerdo al Artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el delito de acopio se da con más de cinco armas de fuego.
Además, a criterio de la jueza tampoco se acreditó que la posición del armamento, o sea, las cinco armas, fuera con una finalidad ilícita.
Otro caso, es el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno.
El 12 de septiembre otorgó una suspensión definitiva a favor de Eric “N”, para que no se ejecute el acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta en tanto se resuelva el amparo promovido por el detenido.
Eric “N” es requerido por una Corte del Distrito de Columbia por tráfico de drogas.
Este es un caso donde hay un nuevo criterio jurisprudencial que beneficia a presuntos delincuentes.
Involucra este nuevo criterio a los magistrados del Pleno Regional en Materia Penal en la Región Centro-Norte con residencia, aquí, en la Ciudad de México, Héctor Lara González y Samuel Meraz Lares y Emma Meza Fonseca.
Tenemos que el 22 de septiembre del presente año se publicó en el “Semanario Judicial de la Federación” una jurisprudencia, aprobada por estos magistrados del Pleno Regional Centro-Norte en la que se establece como criterio obligatorio para los jueces de Amparo en 18 estados del país, otorgar suspensiones provisionales contra la prisión preventiva oficiosa, a manera de una concesión de tutela anticipada.
Y con ello, los obliga a aplicar otras medidas cautelares distintas entre ellas, incluso, la libertad.
Esta determinación se da a consecuencia de la resolución por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Tzompaxtle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro, en la que fue declarada inconvencional la prisión preventiva oficiosa.
¿A quién va a beneficiar principalmente este nuevo criterio jurisprudencial?
A personas que estén procesadas por secuestro, por homicidio, por feminicidio; por delincuencia organizada; por desaparición, ya sea forzada o de particulares; por violación, por delito de trata; huachicol y armas, entre otros.
Sería cuanto.
Me permito ceder el micrófono a la secretaria de Gobernación.