SUBSECRETARIO LUIS RODRÍGUEZ BUCIO: Con su permiso, señor presidente.
Muy buenos días.
Vamos a ver el día de hoy el avance de Cero Impunidad.
En esta ocasión tenemos tres temas: El de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos tres casos; el caso de la desaparición y localización de las ocho mujeres de origen colombiano en Tabasco; y la desaparición de dos líderes comuneros en los límites de Michoacán y Colima.
En el caso de los jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos el amparo a José Luis “N”, esto en el caso Ayotzinapa.
Como recordamos, él fue presidente municipal de Iguala y cuenta con causas penales por homicidio y delincuencia organizada.
El 15 de noviembre del año pasado, por mayoría de votos, el Tribunal Colegiado, integrado por el magistrado José Pablo Pérez Villalba, que votó en contra; el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, que votó a favor; y el secretario en funciones de magistrado, Luis Alberto Castro Velázquez, que votó a favor, le otorgó un amparo a José Luis “N” para que el Juez Tercero de Control de Toluca cite a las partes a una nueva audiencia en la que, con libertad de jurisdicción y previo debate, determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo al colegiado, la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis “N”, viola sus derechos convencionales en atención a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias que pugnan por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
El caso de la apelación de María de los Ángeles “N”, también vinculado al caso Ayotzinapa, ella el 29 de septiembre del 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por delincuencia organizada, entre otros.
El 24 de abril del 2023, el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde le revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión por delincuencia organizada y ordenó la reposición del procedimiento, ya que, a su consideración, el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica en el debido proceso en audiencia, defensa e igualdad.
De acuerdo al magistrado Montellano, el juez desahogó diversas diligencias sin la asistencia de la defensa; tampoco llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador, ni se cercioró si el defensor público federal que asistió a la implicada en su declaración preparatoria contaba con cédula profesional.
El caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto “N”.
Aquí en audiencia de revisión de medidas cautelares, de fecha 29 de septiembre del año pasado, la cual fue solicitada por el propio Roberto “N”, el juez Marco Antonio Beltrán Moreno determinó modificar la prisión preventiva justificada que había en su contra, y en su lugar poner la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos, entre otras.
Con esta resolución, el juez Beltrán Moreno beneficia a Roberto “N” bajo la jurisprudencia 32/2022 que en armonía con el 20 constitucional establece que una persona procesada se le debe revisar la medida cautelar después de dos años de haber sido impuesta.
Sin embargo, Roberto “N” permanecerá recluido en el CEFEREPSI de Morelos, ya que otro juez le confirmó nuevamente la prisión preventiva por delincuencia organizada.
Vamos a ver el caso de la desaparición y localización de ocho mujeres de origen colombiano, en Tabasco.
Este caso inicia el 12 de enero, cuando el Consulado General de Colombia en Cancún presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco por la presunta desaparición de ocho mujeres de nacionalidad colombiana que habían acudido a una fiesta el 5 de enero en Cárdenas, Tabasco.
De inmediato la Fiscalía abrió una carpeta de investigación e inició las diligencias para lograr su ubicación, también la Fiscalía de Tabasco, ese día, obtuvo información sobre llamadas telefónicas hechas presuntamente por las desaparecidas a familiares en Colombia, y en medios de comunicación circuló un audio, donde se escucha a una de las desaparecidas comunicándose con un familiar y pidiéndole rezar por ella y por sus acompañantes.
Menciona que han sido despojadas de sus celulares por un problema entre líderes de un grupo delincuencial y también, incluso, menciona disponer de un seguro que puede ser utilizado por sus familiares en caso de que algo le pasara.
Al día siguiente, el 13 de enero, se organizan diversos operativos interinstitucionales de búsqueda; aquí participan la Fiscalía de Tabasco, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, CNI y CONASE.
Por la tarde, lograron ubicar sanas y salvas a las ocho mujeres en el Hotel Plaza Tabasco, ubicado en la carretera de Cárdenas a Villahermosa.
Fueron trasladadas a la Fiscalía de Tabasco, ahí en Villahermosa, para su valoración médica y toma de su declaración.
Durante su estancia en la Fiscalía se les brindó asistencia jurídica y asistencia psicológica.
Pero al manifestar no haber sido víctimas de un delito, la Fiscalía de Tabasco les recabó solamente una entrevista, y posteriormente las puso a disposición del Instituto Nacional de Migración por tratarse de personas extranjeras.
Además, el Ministerio Público ordenó medidas de protección a su favor y resguardo, en tanto se realizan las diligencias.
En las entrevistas realizadas por la Fiscalía, todas manifestaron haber ingresado al país de manera legal.
Todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada, mediante un chat de WhatsApp.
Que por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir, el día 13 de enero.
Negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad.
Incluso una de ellas editó un video, ahí en la Fiscalía, donde manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia, y se mostró incluso sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas.
Aquí tenemos la situación migratoria, aquí están las ocho mujeres, su fecha de nacimiento, y aquí vemos lo siguiente:
Solamente dos tienen vigentes su estadía en México; a seis ya se les venció el permiso para estar en México; siete sí tuvieron un ingreso legal, está registrado su ingreso a México, de una no hay registro.
El INAMI ya ha iniciado el proceso de retorno asistido a su país de origen, aquí es por falsear su declaración de ingreso a México como turistas y realizar actividades remuneradas.
En el caso de Xiomara, la primera, permanecerá en el país en su calidad de refugiada, reconocida por la COMAR.
Actualmente se encuentran alojadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, y se continúa aún con las actividades de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco.
Es el mapa del área de búsqueda y después su localización, ya en un hotel cerca de Villahermosa.
Ahora tenemos el caso de la desaparición de dos líderes comuneros, esto en los límites de Colima y Michoacán.
Se trata de Antonio Díaz Valencia, él es profesor y líder comunal en Aquila; Ricardo Arturo Lagunes Gasca, él es abogado y defensor de derechos humanos.
Ambos desaparecieron el día 15 de enero del año pasado, en el municipio de Aquila, en los límites de Michoacán y Colima, en las inmediaciones de Cerro de Ortega; en este lugar se encontró posteriormente su camioneta con impactos de bala.
Los avances de la investigación han dado cuenta, hasta el momento, que el motivo de su desaparición se debió a un conflicto comunitario y jurídico por la explotación de la mina Las Encinas, en el municipio de Aquila.
En este caso se han realizado varias mesas de trabajo, en ellas participan la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, y los propios familiares y sus representantes legales.
Aquí tenemos acciones que se han realizado.
Desde que se denunciaron los hechos se solicitó a la Fiscalía General de la República la atracción del caso y, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, CONASE, SEDENA y SEMAR, se han realizado operaciones de búsqueda en los límites de Michoacán y Colima.
Se tienen a la fecha dos personas detenidas y vinculadas a proceso por la desaparición cometida por particulares.
Las acciones de búsqueda abarcan una serie de cerros en estos lugares; aquí tenemos todos los nombres de los cerros, los lugares donde se ha hecho la búsqueda: Cerro de Ortega, que fue donde estaba el vehículo; el Ahijadero; Cerro del Aguilar; Rancho Los Lobos, Las Conchas; Coahuayana viejo y nuevo, Achotan, la Laguna del Paraíso; Ranchito El Diamante; La Brecha, El Coyote, Las Cuevas, Barranca del Potrero y otros.
Tenemos aquí que se han realizado 42 jornadas de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y más de 50 búsquedas en vida realizadas por la Fiscalía General de la República; 20 reuniones con autoridades federales y locales, así como ocho reuniones con familiares y sus representantes legales.
El día de ayer, que se cumplió el año de la desaparición de estas dos personas, se tuvo una reunión encabezada por la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana.
Aquí tenemos las peticiones de los familiares: continuar con las acciones, reforzar las acciones de búsqueda humanitaria; protección a testigos y familiares de los desaparecidos; proporcionar actualizaciones de los avances en las carpetas de investigación, continuar con la coordinación interinstitucional entre las instancias que participan; que participe CONASE para poder cumplir las órdenes de aprehensión que están vigentes; dar seguimiento a los procesos jurídicos de los presuntos responsables y una coordinación entre el Gobierno federal y los gobiernos de Colima y Michoacán.
Sería cuánto señor presidente.