SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Con su permiso, presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Estamos dando ahora el Informe de Seguridad. Los resultados que se tienen de todos los operativos que se hacen en conjunto con las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de México.
En primer lugar, tenemos la incidencia delictiva del fuero federal que tiene una reducción de 28.2%, en comparación con diciembre del 2018.
En casi todos los delitos tenemos reducciones importantes y en donde hay alzas, en estos delitos, sobre todo en delitos fiscales y delitos de delincuencia organizada, son las carpetas de investigación que se levantan sobre todo en la Fiscalía General de la República.
En cuanto al homicidio doloso, aunque en marzo se tuvo un incremento con respecto a febrero, es el marzo de 2024 más bajo desde hace 7 años en homicidios dolosos.
Aquí están los promedios diarios de víctimas de homicidio doloso, donde la baja con respecto a 2018 es de 22% en este delito.
Aquí está el comparativo acumulado de las últimas administraciones, siendo la variación de 2018 a 2024 de menos 22% en homicidio doloso.
También en relación con los homicidios dolosos por estado, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán concentran el 46.9% de este delito.
En relación con Guanajuato, en este mes de marzo, hubo 30 homicidios más que en febrero.
En el Estado de México, 12 delitos más que el mes anterior.
En Baja California, 39 menos que en el mes de febrero.
En Chihuahua, 6 homicidios menos que en el mes de febrero.
En Jalisco, 19 homicidios más que el mes anterior.
Y en Michoacán, 4 homicidios más que en febrero.
En total, en los 50 municipios prioritarios tenemos una disminución de 23%, menos en relación con diciembre de 2018.
Recordar y subrayar que esto es hasta el 31 de marzo de 2024.
En la mayoría de los delitos del fuero común se tienen disminuciones importantes y seguiremos en coordinación con las autoridades estatales competentes para mejorar los resultados en estos delitos.
En relación con el robo, los robos en general, tenemos una disminución de 31.2%.
El mes de marzo de 2024 es el más bajo desde que se tiene registro.
El robo de vehículo tiene una reducción de 49.3%, también marzo es el índice más bajo de todos los marzos, desde que se tiene registro en el Secretariado.
En relación al feminicidio, tuvo una baja desde el principio de la administración de 29%, y seguiremos intensificando las acciones de prevención, de persecución y sanción a la violencia feminicida. Lo hacemos con los institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas.
En cuanto al secuestro, tuvimos una disminución de 82%.
Este mes de marzo es el mes más bajo desde que se tiene registro, 82% de disminución en secuestros es un resultado, para nosotros, muy importante y seguiremos trabajando en la atención de este delito.
Aquí están algunas de las explicaciones del porqué ha bajado el delito de secuestro, fundamentalmente por la coordinación entre la CONASE, la Coordinación Nacional Antisecuestro, y las Unidades Antisecuestro de las Fiscalías de los estados.
Se tienen, desde el inicio de la administración, 6 mil 106 detenidos secuestradores, 671 bandas desarticuladas, y 2 mil 996 víctimas liberadas.
En seguida está la gráfica de robo de hidrocarburos. Se tiene una disminución de 94.2% de este delito, del famoso huachicol.
Es muy importante para el Gobierno de México, por las instrucciones que dio el presidente desde el inicio de la administración de la atención por parte de las Fuerzas Armadas, de este delito, lo cual ha tenido un ahorro estimado, según las cifras de Petróleos Mexicanos, de 322 mil 464 millones de pesos.
Entonces este ingreso es utilizado para obras públicas y otros programas.
Finalmente, la prevención de toma de casetas. Este operativo de Plan Caseta Segura que hace la Guardia Nacional es muy importante, porque evita la pérdida de 4 mil 592 millones de pesos en 2024 y, desde que inició el operativo, de 66 mil 303 millones de pesos.
Esto sería en cuanto al Informe.
Con su permiso, señor presidente.
Ahora vamos a presentar el esquema de protección a candidatos, como fue su instrucción.
En el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos el compromiso de proteger a quienes buscan un cargo de elección popular.
Por eso, como ya hemos dicho antes, junto con el Instituto Nacional Electoral elaboramos un plan para dar seguridad a candidatas y candidatos que lo requieren y consiste en lo siguiente:
El INE recibe las solicitudes de protección y nos hacen de conocimiento a esta Secretaría.
Nosotros establecemos la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional que valora el riesgo y define el nivel de protección que se requiere.
Con esta información respondemos al INE para que comunique a los partidos políticos y candidatos.
Y este protocolo nos ayuda a no demorar en atender una petición.
Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata.
Con este mecanismo, hasta el 15 de abril, hemos podido atender la totalidad de las solicitudes de protección que nos han llegado y que son 273, sin rechazar solicitud alguna.
De parte de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano hay atención para todas y cada una de las solicitudes.
De estas 273, en 250 se brindó la seguridad necesaria; en tanto que en 23 fueron declinadas por los propios peticionarios; y al momento no tenemos ninguna en análisis de riesgo.
Recordar que el Gobierno federal brinda protección a las personas que compiten por la Presidencia de la República, las nueve gubernaturas estatales y el Congreso de la Unión.
En tanto que a los gobiernos estatales les corresponde hacer lo mismo con quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también instalamos una mesa que opera 24 horas al día, para vigilar y dar seguimiento a esta estrategia.
Adicionalmente, a través de las 32 Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en los estados y las 266 Regionales se da seguimiento puntual a lo que ocurre en el territorio y, de ser necesario, se coordinan acciones pertinentes.
Decirles a quienes participan en este proceso electoral que las autoridades de los tres niveles de gobierno continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad.
En otro tema.
Como hemos reiterado en otras ocasiones, el Gobierno de México está comprometido con el desarrollo armónico y pacífico del proceso electoral, por ello, se cuenta con la Estrategia de Protección a candidatos.
El Gobierno federal está pendiente de todas las peticiones que realicen candidatos y partidos ante el Instituto Nacional Electoral, para que sean atendidos inmediatamente.
Con esta organización estamos por atender a los contendientes a puestos de elección.
Decirles que en el actual proceso electoral, que inició el primero de octubre, lamentablemente tenemos el reporte de una candidata fallecida y el homicidio de cinco precandidatos, quienes ya contaban con registro oficial ante sus partidos políticos.
Además, se presentaron nueve homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionadas para un cargo de elección popular, o en algún momento manifestaron su deseo de competir.
La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia.
El Gobierno de México trabaja de forma permanente y coordinada con todas las dependencias y órdenes de gobierno para que los candidatos que requieran protección se les proporcione de manera inmediata.
Por último, el cuarto tema.
Informar que este año, las personas privadas de la libertad no sentenciadas emitirán su voto para la Presidencia de la República, en cumplimiento con un mandato constitucional.
Por ello, del 6 al 20 de mayo se llevará a cabo la jornada electoral al interior de centros penitenciarios federales y estatales.
El antecedente de este ejercicio democrático es la inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral de dos personas privadas de la libertad en Chiapas, que en 2018 querían votar y no pudieron hacerlo; en consecuencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al Instituto Nacional Electoral a establecer las condiciones necesarias para cumplir con la votación. Así se reconoció el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, no sentenciadas.
En las elecciones intermedias de 2021, el INE realizó una prueba piloto con 950 personas privadas de la libertad, de cinco Centros Federales de Readaptación Social.
Para las elecciones de este 2024, el INE contempla la realización de la votación a la Presidencia en todos los reclusorios federales y estatales.
Por ello, el personal del Instituto visitó los penales para integrar una Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva, y se encargó de difundir los requisitos entre los internos.
Decir que la emisión de los votos en todos los centros penitenciarios del país se realizará de forma anticipada.
Para ello, se instalarán mesas receptoras del 6 al 20 de mayo, cumpliendo con todos los protocolos en materia de seguridad.
En el país tenemos 282 centros penitenciarios: 14 federales y 268 estatales, con una población total de 232 mil 684 internos, de los cuales 31 mil 121, es decir, el 13.3% cumplieron con los requisitos que estableció el INE para participar en la jornada electoral.
En el caso de los 14 centros federales, para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral, el 12 de febrero de este año, suscribimos un convenio con el INE, a fin de garantizar este ejercicio.
Para esta elección, en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva se registraron 3 mil 075 internos de penales federales.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, conocido como PyRS, elaboró un protocolo para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada en los 14 CEFERESOS.
La totalidad de los internos en prisión preventiva fue notificada e invitada por el INE a participar en el proceso electoral.
El 14.5% de la población de penales federales podrá emitir su voto por la Presidencia de la República; en tanto que en los centros penitenciarios estatales se registraron 28 mil 046 personas privadas de la libertad, es decir, el 13.25% de su población total para participar en este proceso electoral.
Finalmente, decir que el voto es un derecho y que a nivel mundial hay países que permiten a las personas privadas de la libertad ejerzan, sin importar su condición jurídica.
Aquí dejo un cuadro, en donde tenemos casos de otros países, en donde votan las personas procesadas.
En otros lugares votan también los sentenciados, y en otros está autorizado el voto sin restricciones.Y en casos, por ejemplo, como Nueva Zelanda, sólo los presos por fraude electoral o corrupción pierden su derecho a votar por varios años.
Eso sería señor presidente.