SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Con su permiso, señor presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Nos corresponde, hoy, informar sobre cuatro temas: El primero de ellos sería la actualización sobre el servicio que se presta a la población de la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera.
Hasta el 29 de abril, tenemos un total de 2 millones 255 mil 671 vehículos regularizados.
Esto es lo que corresponde a vehículos que vienen del extranjero y que ya se encuentran en México, y que son modelos 2018 hacia atrás.
Con la regularización de este servicio, que se da en 17 entidades del país, se han obtenido 5 mil 639 millones 177 mil 500 pesos, eso es lo que corresponde al pago de 2 mil 500 pesos por cada vehículo, que va a dar a las arcas del Gobierno federal, pero que se pasa a los gobiernos de los estados, con motivo de la pavimentación de las calles.
Esa es la instrucción que se ha recibido por parte del presidente López Obrador.
También reportar que tres son las entidades que concentran el 50.9% del total de los recursos que se llevan obtenidos hasta el momento, con motivo de esta regularización.
Recordar que este servicio concluye el 30 de septiembre próximo, así que invitamos a todos a hacer su cita de manera electrónica para que puedan tener con certeza jurídica su patrimonio, su vehículo, y también que las autoridades de seguridad puedan tener control sobre el parque vehicular, para evitar que se hagan delitos con estos vehículos.
También tenemos el Informe de Preliberaciones y Amnistías:
Informar que de julio de 2022 al 29 de abril de 2024, han obtenido su libertad 8 mil 859 personas, entre las cuales se encuentran mujeres, también personas con enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores, indígenas, extranjeros, en fin.
También estamos trabajando el tema de las amnistías en conjunto con la Secretaría de Gobernación, en el cual, de 2021 a la fecha, se han otorgado 371 libertades por amnistía, 125 son mujeres y 246 son hombres. De este total, 34 son indígenas.
Es importante señalar que hay 53 resoluciones positivas de la Comisión de Amnistía, de la cual formamos parte, y se encuentran en estudio para la confirmación por parte del juez competente.
Lo decimos por todas las solicitudes que nos llegan al respecto y estamos pendientes de esta decisión del juez.
También tenemos la presentación de las sesiones del Gabinete de Seguridad.
Me voy a pasar allá para hacer más rápido.
El otro tema a comentar, es que desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador se han llevado a cabo, todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, las reuniones del Gabinete de Seguridad, que el mismo presidente encabeza.
Y en las que participamos diversos servidores públicos como los secretarios de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad.
Ahí se revisan los hechos delictivos ocurridos en las horas previas, y con la directriz del mando del presidente, se toman decisiones sobre las acciones que son necesarias para lograr la pacificación del país, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Subrayar que en ninguna parte del mundo existe un Gabinete de Seguridad, donde el propio titular del Ejecutivo Federal encabece las tareas diarias en este tema con los responsables del ramo.
De ese tamaño es el nivel de importancia que el licenciado López Obrador le da a las labores de pacificación del país.
Decir que, de 2018 a este 30 de abril, se han efectuado un total de 1,353 sesiones del Gabinete de Seguridad, y el presidente no ha faltado nunca a ninguna de ellas.
Tuvimos 19 en 2018; 253 en 2019; 258 en 2020; 245 en 2021; 251 en 2022, y 246 en 2023 y, en lo que va del año, se llevan 81 sesiones.
Aunque la mayoría de las reuniones se realizaron en Palacio Nacional, también en 143 ocasiones se sesionó en diferentes estados de la República con la anfitrionía y apoyo de gobernadoras y gobernadores.
Aquí podemos ver la gráfica, donde se observa, por año, dónde estuvimos y cuántas veces nos reunimos con los titulares de los Ejecutivos locales y los responsables de seguridad, procuración de justicia, en las entidades.
Este trabajo coordinado y la atención permanente que se da al tema de seguridad han hecho posible la disminución de la incidencia delictiva en esta administración, en donde el robo bajó 31.2%; el robo de vehículos disminuyó 49.3%; el feminicidio descendió 29.7%; el secuestro bajó 82%; el robo de hidrocarburos disminuyó 94.2% y el homicidio se redujo 22%.
De esta manera, contribuimos a la conjunción de esfuerzos y al reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Federales en aquellas zonas donde se focalizan los hechos delictivos.
Finalmente, presidente, presentar un último tema:
Como es público, el pasado 21 de abril, gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República se llevó a cabo la detención de Abraham Oseguera Cervantes, quien, de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, ha sido señalado de participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas.
Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación.
Esta decisión, hay que decirlo, la tomó el juez a las 4:25 horas, domingo en la madrugada, de este pasado 28 de abril.
El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía; no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado.
En cambio, admitió y vio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados, en los que se presume una manipulación.
Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado Mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención, a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia.
Ante ello, el máximo tribunal respondió, por escrito, al Gobierno de México justificando el actuar del juez.
Paralelamente se solicitó a las autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas.
Como se ha dicho, este caso es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013, y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido nueve años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado.
Finalmente, el día de ayer, las autoridades estadounidenses dieron respuesta, por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche, en los términos ordenados por el juez.
El Gobierno de México reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad.
Posdata: Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones.
Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato, para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado Mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos, que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros.
Seguiremos trabajando de manera coordinada.
Es cuanto señor presidente.