Con la estrategia del Gobierno de México Cero Impunidad se ha conseguido detener a personas acusadas de diversos delitos; vincular a proceso a presuntos delincuentes; y, en otros casos, aplicarles hasta sentencias vitalicias.
El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, presentó el informe correspondiente al periodo del 20 de agosto al 2 de septiembre, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Refirió que la Fiscalía General de la República extraditó a José “N”, quien es requerido por una Corte en Tennessee, Estados Unidos, acusado de homicidio premeditado, en agravio de una mujer, en el año 2011.
Además, los mexicanos Denisse “N” y José “N” fueron entregados al gobierno de Argentina. Están acusados de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y tráfico ilegal de estupefacientes.
En tanto, José “N” fue entregado por el gobierno de los Estados Unidos, ya que es requerido por un juez en la Ciudad de México. Enfrenta cargos por trata de personas por hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
Julián “N” fue entregado por el gobierno estadounidense, pues lo requiere un juez en el estado de Zacatecas. Está acusado del homicidio de su propio hijo.
El subsecretario de Seguridad Pública destacó algunas detenciones importantes, como la de Luis Fernando “N”, quien fue aprehendido por su presunta responsabilidad en la violación de un adolescente de 16 años. Los hechos ocurrieron en Huixquilucan, Estado de México, en 2024.
Pablo Andrei “N” fue detenido en Benito Juárez, Quintana Roo, acusado de cometer el delito de extorsión.
Esta persona pretendía cobrar una indemnización por un supuesto daño ambiental causado por la construcción de un hotel en Cancún. El monto inicial exigido fue de 45 millones de pesos, después la redujo a 20 millones y finalmente pidió 500 mil dólares.
El funcionario federal, además, presentó el caso de Héctor “N”, quien fue vinculado a proceso por estar acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al simular contratos con una empresa ligada al exsecretario de Seguridad, Genaro “N”.
En cuanto a sentencias, explicó que, a 11 personas, presuntamente integrantes de un grupo delictivo, se les impuso 50 años de cárcel, tras acreditar su responsabilidad en el homicidio de 122 personas, en abril del 2012, en San Fernando, Tamaulipas.
A Yael Marcelino “N” se le sentenció a prisión vitalicia por su responsabilidad en el homicidio de un hombre y tres mujeres, una de ellas menor de edad, en Chicoloapan, Estado de México, en febrero del 2021.
Por este asesinato han sido sentenciadas otras tres personas.
Posteriormente, el subsecretario Rodríguez Bucio presentó el caso del Juez Sexto de Distrito en Veracruz, Vicente Salazar López, quien otorgó un amparo en favor de Raúl “N”. Esta persona exigía al Corredor Interoceánico una indemnización por una supuesta expropiación del predio Hacienda Tierra Nueva, ubicado en municipio de Coatzacoalcos.
El funcionario federal también presentó los casos de jueces que están en contra de las reformas constitucionales al Poder Judicial.
La jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, concedió una suspensión a fin de que la Cámara de Diputados no discuta y vote el proyecto de modificaciones.
En tanto, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, concedió una suspensión con el propósito de que el Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, mientras no se resuelva la suspensión definitiva.
Con relación a jueces que con sus resoluciones favorecen a presuntos delincuentes, presentó el caso de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito de Jalisco, José Clemente Cervantes y Manuel Cano Maynez.
Indicó que los dos otorgaron un amparo a 13 personas, aparentemente asociadas a un grupo criminal, para dejar sin efecto el aseguramiento de vehículos de lujo y un inmueble, que realizó la Fiscalía General de la República en el año 2021.
El Colegiado consideró que el aseguramiento fue violatorio de derechos consagrados en el artículo 16 constitucional.